Senadores aprueban el voto dactilar y facial

 

Ricardo Monreal logró finalmente construir el consenso entre las distintas fuerzas políticas para celebrar sesiones a distancia, pero cuando se requiera una modificación constitucional o una aprobación de un nombramiento que requiera las dos terceras partes, “ahí sí necesariamente tendremos que convocar a una sesión presencial”.


Con la aprobación unánime de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la implementación de sesiones a distancia durante la pandemia, con el fin de evitar la propagación del SARS-CoV2 entre las y los legisladores, así como del personal que labora en el recinto parlamentario y visitantes a este, inició ayer el periodo ordinario de sesiones en la Cámara alta con no más de 50 personas dentro del salón de plenos; el resto de los legisladores siguió la reunión desde sus oficinas mediante.

Ricardo Monreal logró finalmente construir el consenso entre las distintas fuerzas políticas para celebrar sesiones a distancia, pero cuando se requiera una modificación constitucional o una aprobación de un nombramiento que requiera las dos terceras partes, “ahí sí necesariamente tendremos que convocar a una sesión presencial”.

Explicó que se están instalando dispositivos con tecnología de punta en las oficinas de los 128 legisladores, para que desde ahí se pueda votar con seguridad con identificación dactilar, facial y no llegar a tener una parálisis legislativa.

Por lo pronto, con la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinaras, la Cámara de Senadores reforzó las acciones para mitigar los contagios que incluyen pruebas rápidas y PCR aplicadas por los servicios médicos de este órgano legislativo, así como por las fracciones parlamentarias, que han permitido diagnosticar con oportunidad a quienes presentan síntomas característicos de Covid-19 y aislarlos de inmediato en caso de resultar positivos.

El plan asegura la labor presencial mínima de servicios de seguridad, médicos, suministro de agua, limpieza y aquellas labores indispensables que garantice el cumplimiento de las funciones y continuidad de las operaciones de las áreas de la Cámara; sin embargo, se

REFORMA DEL PRESIDENTE

En otro tema, Monreal Ávila informó que la reforma preferencial que envió ayer a la Cámara de Diputados el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, llegará al Senado hasta el 2 de marzo.

En este sentido, se aprobó que, por primera vez, una mujer presidirá la Comisión de Energía. Se trata de Rocío Abreu, quien queda en esta posición que avalará seguramente la reforma al sistema eléctrico que propuso el presidente; en tanto, la senadora Antares Vázquez Alatorre, enemiga acérrima del PAN, encabezará la Comisión de Educación. Ambas legisladoras pertenecen a Morena.

A ellas se suman Martí Batres, quien desde ahora preside la Comisión de Puntos Constitucionales y, Luis David Ortiz, de MC, la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que será un periodo difícil, complejo y el debate político electoral estará presente.

LICENCIAS

En la orden del día, el Pleno ratificó las licencias definitivas para separarse del cargo de Mauricio Kuri, del PAN, quien busca la gubernatura de Querétaro; Armando Guadiana, de Morena, quien va por la presidencia municipal de Saltillo y, Víctor Fuentes, del PAN, quien se suma al proyecto de la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, en Nuevo León, Clara Luz Flores.

Todos los grupos parlamentarios les ofrecieron su respaldo en su nueva encomienda. En el caso de Guadiana, Ricardo Monreal criticó que, “aunque siempre está a la derecha, lo vamos a extrañar, porque es un hombre franco”.

PISO PAREJO

En cuanto a la polémica propuesta de Ricardo Monreal Ávila sobre legislar a las redes sociales, en conferencia de prensa dijo que propone modificar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para proteger el derecho de información y de expresión de todos los usuarios de redes sociales.

Explicó que, al regularlos, “se pone el piso parejo” para que todas las empresas estén en condiciones similares para la prestación del servicio público, que es el derecho a la información, a la manifestación y la expresión de ideas.