Proponen nueva ley para publicidad de gobierno
Organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y académicos buscan acabar con el abuso en el gasto del gobierno federal en publicidad.
Tan sólo en 2017, la administración del presidente Enrique Peña Nieto destinó 11 mil 240 millones de pesos, con lo que acumula 50 mil 862 millones de pesos en la presente administración, cerca de la cuarta parte de lo que costaría concluir, en Texcoco, el Aeropuerto Internacional de México (NAIM), de acuerdo con cifras del Sistema de Comunicación Social.
Para “amarrarle las manos” al Gobierno Federal y también a los medios de comunicación tradicionales que concentran la mayor par- te de ese gasto, el colectivo Medios Libres, entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley sobre Publicidad Gubernamental.
La propuesta, que ya cuenta con el aval de Jesús Ramírez Cuevas, próximo titular de Comunicación Social de la Presidencia, fue recibido por los ocho grupos parlamentarios, pero hasta el momento los integran- tes del colectivo sólo se han reunido con la bancada de Movimiento Ciudadano, reveló Ana Ruelas, directora del organismo Artículo 19.
Con ó en que a partir de la próxima semana se intensifique el cabildeo con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN), incluso existe ya una cita con el Revolucionario Institucional, pero dice en tono de broma “no esperamos mucho de esos diputados”.
En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobó una ley en materia de publicidad gubernamental, pero el colectivo Medios Libres estimó que se recreaban las viejas figuras en que políticos y funcionarios pagaban para comprar “líneas editoriales” de los medios, es decir, ellos pagaban para que los medios de comunicación publicaran notas a su favor. Por ello promovió una controversia constitucional que deberá ser resuelta en breve por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a esta se sumó un procedimiento similar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La iniciativa que cuenta con 71 artículos y 14 transitorios, busca fundamentalmente que se aplique a los tres poderes, en los tres niveles de gobierno.
Obligar a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos para publicidad oficial a rendir cuentas y transparentar información clave.
Desaparece por completo el uso propagandístico de la publicidad oficial, es decir ningún político o funcionario podría promocionar su imagen.
Prohíbe el uso de esta publicidad para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación.
Establece topes a los presupuestos asignados para este gasto, así como un límite para los sobre ejercicios a no más de 10 por ciento de lo aprobado, pero obliga a justificar el incremento del gasto.
La asignación de la publicidad oficial será acorde a los planes anuales y estrategias anuales de comunicación social.
El INAI coordinará la elaboración y actualización de un padrón nacional de medios de comunicación y de otras formas de difusión y promoción, así como de la plataforma nacional de proveedores.
Se establecen criterios de asignación en función e idoneidad del medio respecto a la población objetivo, la equidad en la asignación y la transparencia de la información.
Crea un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas. En este rubro, la iniciativa busca que los medios se comprometan con sus trabajadores y quienes reciban recursos por concepto de publicidad, deberán confirmar que sus periodistas reciben seguridad social, salario y prestaciones decorosas.
El Inegi recibe atribuciones para elaborar un estudio nacional de medios que medirá el impacto y la penetración que tienen. Será la base para asignar los recursos del estado.
Garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de los derechos humanos.
Además fortalece la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en la materia.
Sin embargo, todavía le falta un trecho largo por recorrer a esta iniciativa.
Sorry. No data so far.