CJF destituyó a magistrado federal por hostigamiento sexual y nepotismo

CJF Foto: Internet
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CJF concluye señalando que esta determinación, se dio en apego a lo señalado por la Constitución y sus leyes aplicables.


El Magistrado Federal Fernando Reza Saldaña; fue señalado por al menos 10 mujeres de hostigamiento sexual, fue destituido e inhabilitado por 10 años, por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Dicho Magistrado, además es señalado de haber contratado a la esposa del Juez Javier Loyola Sosa; perteneciente a su mismo Circuito en acuerdo y beneficio del mismo Juez,este último y bien recibió una sanción y fue suspendido del cargo por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tomó esta determinación luego de la posición de “Cero Tolerancia”, sobre casos de igualdad y no violencia de género, así como por la lucha contra el “Nepotismo” dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ha impulsado su titular el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“El combate a la violencia de Género y al Nepotismo, dos ejes fundamentales para el CJF, pues representan un Cáncer para la sociedad, que de entrada debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales”, señaló el CJF.

Y señala que la vocación de un Poder del Estado Mexicano, como lo es el Poder Judicial de la Federación (PJF), es de “Servicio Público” por lo que la ética, el profesionalismo y el respeto absoluto a los Derechos Fundamentales definen esa vocación.

Y agrega en un comunicado; que la Justicia esta para la seguridad de las y los mexicanos.

Los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, estarán a la altura pues ese es el compromiso, con el que reafirma su labor el Consejo de la Judicatura Federal.

“En esta Administración juzgadores y juzgadoras íntegras, capaces y sensibles frente a la justicia social”.

El CJF, concluye señalando que esta determinación, se dio en apego a lo señalado, por la Constitución y sus leyes aplicables y en respeto al principio de presunción de inocencia.