Cynthia López Castro, diputada del Partido Revolucionario Institucional calificó como “un error de consecuencias catastróficas” que el Gobierno federal pretenda entregar, de manera directa, a comités de maestros, alumnos y padres de familia, todo el dinero para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas del país, con la puesta en marcha del programa “La Escuela es Nuestra”.
Y es indicó que el nuevo ordenamiento genera lagunas jurídicas preocupantes, principalmente en materia de supervisión de la seguridad estructural de las escuelas, con lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en los planteles y hace recaer toda la responsabilidad en los gobiernos estatales.
“Esto pone en grave riesgo a los alumnos, pues no se prevé el cumplimiento de estándares mínimos de calidad ni supervisión técnica suficiente” y alertó que 60 por ciento de los daños registrados en el sismo del 2017 fueron en aulas autoconstruidas.
Lopez Castro, secretaria de la Comisión de Educación en el recinto legislativo de San Lázaro, advirtió que ésta es la antesala para desaparecer el Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa y su entramado jurídico, a través del cual se garantizaba que los recursos se apliquen con transparencia y no se desvíen a otros rubros.
Además señaló a que de aprobarse
esta modificación en el marco jurídico –en el próximo periodo extraordinario– haría a los legisladores que lo avalen, con su voto, corresponsables de accidentes fatales en las escuelas, como consecuencia de esta mala política.
Destacó que al desaparecer al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, la responsabilidad sobre la seguridad de los planteles recae exclusivamente sobre las autoridades estatales, advirtió la diputada por la Ciudad de México.
