López Obrador quiere cargarle el costo de la militarización a la ciudadanía, afirma diputado Jorge Triana

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende, en un acto desesperado, cargarle el costo de la militarización a la ciudadanía, a través de una consulta ilegal y espuria, sin efectos vinculatorios, porque no la organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), como establece la Ley Federal de Consulta Popular, afirmó el vicecoordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Triana Tena.

Destacó que la Constitución es clara al no permitir realizar consultas públicas en materia de seguridad nacional, seguridad interior o respecto a las fuerzas armadas.

“Yo lo veo como un acto desesperado para cargarle el costo de la militarización a la ciudadanía, por toda la polémica que se ha armado y porque no le funcionaron las cosas, ni en Cámara de Diputados porque no pudo pasar una reforma Constitucional para militarizar la Guardia Nacional, ni tampoco en el Senado de la República para poder extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles”, abundó.

Triana Tena destacó que además es una consulta que no va a organizar el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo las reglas de la Ley Federal de Consulta Popular, sino la Secretaría de Gobernación, algo antes nunca visto en nuestro país.

“Es una consulta que al no tener efectos vinculantes, que al no tener legalidad alguna, que no se lleva a cabo bajo las reglas de la ley en la materia, y que entonces va a llamar poco la atención, no va a tener la promoción debida y va a pasar lo mismo que con la falsa consulta para enjuiciar a ex presidentes, que esa sí era con todas las de la ley, y fue un fracaso”, recriminó.

Revocación de Mandato

Recordó que lo mismo ocurrió con la consulta de Revocación de Mandato que, aunque también fue legal, tampoco cumplió con las expectativas porque solo acudieron exclusivamente a votar los seguidores del presidente y de su movimiento político.

“Y bueno, va a ser una consulta totalmente sesgada, que no va a tener ni legitimidad, ni validez oficial, una consulta espuria”, aseveró el legislador panista.

Manifestó que las fuerzas armadas cuentan con una popularidad enorme y se respeta, y que nadie está en contra de que en estos momentos haya presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

“Yo creo en lo personal, que si se deben permanecer en las calles ante el fracaso del gobierno en su estrategia de seguridad, si deben permanecer en las calles, ayudando a las policías de proximidad en labores de seguridad púbica; creo que la posición es clara, nosotros no estamos en contra de que permanezcan las fuerzas armadas en este momento en las calles”, precisó.

“En lo que sí estamos en contra es que se militarice a la Guardia Nacional, y de que en este momento se tome la decisión de extender el plazo de la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como pretende el presidente, pues es una decisión que debe tomarse en 2024”, expresó el panista.

Salvaguardar nuestra soberanía

Afirmó que las fuerzas armadas tienen la tarea de salvaguardar nuestra soberanía, no de llevar a cabo acciones permanentes de seguridad pública, por eso, la decisión debe tomarse como lo establece el 5º Transitorio de la Ley Guardia Nacional en 2024, no en 2028 como pretende la iniciativa que pretende el presidente y que expresó a través del PRI en la Cámara de Diputados.

Dijo que si fuera en 2024, habría tiempo suficiente para implementar un plan para fortalecer a las policías municipales y estatales, otorgar mayores presupuestos a los gobiernos en materia de seguridad, modernizar los ministerios públicos y certificar a los elementos de las policías como lo establece otro transitorio de la Ley de Guardia Nacional; sin embargo, nada de esto se ha llevado a cabo.

“El gobierno incumplió con fortalecer las policías municipales y estatales, por eso quiere adelantar este plazo para militarizar al país y sin cumplir con este séptimo transitorio”, concluyó.