Revela la ONU colusión de “agentes del Estado” mexicano en la desaparición forzada de personas

Revela la ONU colusión de “agentes del Estado” mexicano en la desaparición forzada de personas Foto: Internet
Revela la ONU colusión de “agentes del Estado” mexicano en la desaparición forzada de personas Foto: Internet 

Revela la ONU colusión de “agentes del Estado” mexicano en la desaparición forzada de personas, reveló Emilio Álvarez Icaza.


El informe más reciente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas establece que en México participan autoridades o agentes del Estado en la comisión del delito de desaparición forzada, reveló el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza.

En conferencia de prensa, el legislador precisó que lo anterior significa que Estado mexicano tiene una responsabilidad por no evitar que ese delito suceda o por castigar a quien lo cometa, incluso en algunos casos en donde participa activamente la complicidad de algunos agentes estatales.

Indicó que este es un primer reporte que se dio a conocer hoy en Ginebra, Suiza, que revela una serie de conclusiones, algunas de ellas preliminares, otras recomendaciones y otra de valoraciones en materia de esta dramática crisis que se vive en México.

Entre las recomendaciones que este Comité emite al Estado mexicano, es la permanencia de la crisis no sólo de Derechos Humanos, sino la crisis de desapariciones, en la que establece claramente las consecuencias de la acción del crimen organizado como factor para la desaparición de personas.

De acuerdo con el senador, el comité señala que hay un fenómeno de desaparición primera para hombres y jóvenes de los 15 a 40 años, pero subraya que ha habido un incremento notable en la desaparición de niños, niñas y de mujeres que está detonando ese proceso perverso de desaparición forzada, lo que obliga al Estado a romper esas cadenas de impunidad y comisión de delitos.

El senador del Grupo Plural, agregó que el Comité estuvo 12 días en México y en su visita, se registró la desaparición de 112 personas y, acordé con el registro público, estamos cercanos a las 100 mil personas desaparecidas, fenómeno de extraordinaria importancia porque no ha disminuido su presencia ni siquiera en este Gobierno.

Al contrario, el Comité reporta, con base en información de la Comisión Nacional de Búsqueda, que en los últimos cinco años han desaparecido más de 8 mil personas en promedio cada año, eso quiere decir cerca de 40 mil personas que, de seguir la tendencia, durante la actual administración, se va a acometer el mayor número de desapariciones de personas.

“Este delito de lesa humanidad ni en la guerra de Calderón o en la época de Peña alcanzó esas cifras, sino que muy infelizmente los esfuerzos del Estado mexicano no están siendo eficientes y suficientes para detener este cáncer en materia de convivencia pacífica”.

Álvarez Icaza dijo que el informa subraya con mucha insistencia la pertinencia y la necesidad, con en carácter de recomendación, que el Estado pueda “repensar” la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y se actúe contra algunos de sus integrantes que han cometido violaciones graves a los derechos humanos.

El legislador pidió al Presidente de la República, ante una eventual reforma sobre la Guardia Nacional, “tenga atención de la recomendación que el Comité está haciendo al Estado mexicano y evite la militarización de la Guardia Nacional”, toda vez que la Constitución establece que ese cuerpo policiaco debe ser de carácter civil.

Mención especial hizo el Comité, al señalar que “México vive una impunidad estructural”, lo cual debería ser motivo de un foco de alarma para nuestras autoridades, indico el senador.

“Pienso que el fiscal Alejandro Gertz Manero debe poner buena atención en su trabajo en lugar de estar persiguiendo a la familia de su hermano, a los científicos o algunos otros temas de índole personal”, recomendó el legislador.

Álvarez Icaza subrayó que el Comité hizo una serie de recomendaciones de corto, mediano y largo plazos, en donde le da al Estado mexicano un periodo de cuatro meses para atender estas recomendaciones.