Senado avala pruebas de alcoholemia permanente en el país

Con la meta de reducir al máximo posible los siniestros viales que actualmente cobran 44 vidas en el país todos los días, el Senado de la República aprobó este martes la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La nueva legislación garantiza el derecho humano a la movilidad de grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y, comunidades indígenas. Abarca ciudades, el campo y las islas; además, establece que es obligación de las entidades federativas y municipios realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente.

De acuerdo con el artículo 50 de la ley se propone que, “para tal efecto queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05g/dL en sangre“, salvo las siguientes consideraciones:

“Para las personas que conduzcan motocicletas queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02 g/dL en sangre y para vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol por espiración o litro de sangre”.

En lo general, 101 senadores votaron a favor y dos se abstuvieron; con ello, los legisladores pretenden garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas que circulan en las vías públicas del país, así como regular la política, planes y programas de seguridad vial para tales fines.

Los menores de 12 años deberán viajar en asientos traseros, prohíbe hablar por teléfono celular al conducir un vehículo, leer o enviar mensajes de texto a menos que se realicen con manos libres.

Busca disminuir los grados permitidos de alcohol al momento de conducir, se usará tecnología para las infracciones y se mantiene las velocidades en vías primarias, pero se reduce en calles secundarias.

La jerarquía de la movilidad pone en primer lugar a las personas peatonas, ciclistas, después a los vehículos no motorizados, usuarios y prestadores de servicio de transporte público de pasajeros, transporte de mercancías y, finalmente, las personas usuarias de vehículos motorizados particulares.

Se crea un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, como mecanismo de coordinación para cumplir con los objetivos y principios de la política, el Plan Nacional de Desarrollo y estrategia nacional en la materia, con perspectiva de género. Así como la creación de observatorios ciudadanos de movilidad y seguridad vial.

Se mantiene en la Ciudad de México circular a 50 Km/h en vías primarias y 40 en calles secundarias; sin embargo, con la nueva ley en calles secundarias y terciarias el límite será de 30 Km/h.
Por carriles centrales de avenidas de acceso controlado se permitirán los 80 Km/h, en carreteras estatales fuera de zonas urbanas 80 y 50 kilómetros por hora dentro de zonas urbanas.

Además, 110 Km/h para automóviles, 95 para autobuses y 80 para camiones en carreteras y autopistas de jurisdicción federal.

Ninguna intersección, independientemente de la naturaleza de la vía, podrá tener velocidad de operación mayor a 50 kilómetros por hora en cualquiera de sus accesos.

Se establece que es obligatorio el uso de cinturón de seguridad para todos los pasajeros de vehículos motorizados.

En el proyecto inicial se establecía que todos los vehículos motorizados deberán contar con un seguro para responder por los daños causados a terceros en su persona o bienes.

En el dictamen aprobado, no se establece la obligatoriedad de un seguro para vehículos de todo tipo, por lo que los senadores panistas Xóchitl Gálvez y Víctor Fuentes presentaron una reserva para que sí se exija. Morena y sus aliados lo rechazaron.

Víctor Fuentes reiteró que debe ser obligatorio el seguro de responsabilidad civil, toda vez que cada año por lo menos 500 mil familias quedan desamparadas cuando ocurre un accidente de tránsito, porque el conductor no tenía asegurada la unidad o venía en estado de ebriedad y eso no se contempla en el pago de daños.

La senadora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, presentó el dictamen que tardó casi tres años luego de la participación y el esfuerzo colectivo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil y especialistas, los gobiernos federal y de los estados, así como el Congreso de la Unión, entre otros.

“El núcleo de la ley está en la nueva jerarquía de movilidad. La huella que el predominio del automóvil ha dejado en nuestras ciudades y territorios ha sido muy profunda; hoy, se trata de darle prioridad a las personas peatones y usuarios más vulnerables de las vías de comunicación”, apuntó la legisladora.

Indicó que parte de los retos a enfrentar son: mejorar el transporte público, innovar en infraestructura, así como proporcionar tranquilidad a la población para que llegue a sus destinos sin vivir una experiencia que genere estrés.

César Cravioto, de Morena, explicó que esta ley busca la concientización de la sociedad y, por ello, obliga a los gobiernos estatales a fomentar campañas de información sobre capacitación, para que todos los que conducen un vehículo conozcan la importancia de cuidar al peatón, al ciclista, etcétera, así como evitar que la gente maneje en estado de ebriedad.