El senador Manuel Añorve propone modificar la Ley Federal de Derechos para recuperar el Fondo Minero

El senador priista, Manuel Añorve Baños presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de que las contribuciones de las empresas mineras que operan en nuestro país lleguen a los estados y municipios, en donde se lleva a cabo esta actividad.

Sin embargo, lamentó que frente a la peor crisis sanitaria y económica de nuestra historia, es inexplicable que se decida abandonar aún más a este sector con la desaparición de la subsecretaría de Minería.

Explicó que antes de este año la distribución del Fondo se calculaba con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional, con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera, a través de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.

No obstante, durante la discusión del paquete económico para el presente año se desvirtuó completamente este Fondo que, tan solo en 2018, significó para el estado de Guerrero más de 143 millones de pesos que se destinaron a diversas obras de infraestructura social, educativa y de protección al ambiente en los municipios mineros de la entidad.

“Con esta decisión, una vez más estamos frente a una decisión irracional e inexplicable, que afecta enormemente a los municipios mineros del estado de Guerrero y de todo el país”.

Sostuvo que con las modificaciones a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de derechos, se eliminó la noción original del Fondo Minero y, ahora, todos los recursos obtenidos por la contribución extraordinaria que se cobran a las empresas mineras, se destinarán en 85% a la SEP, en 5% a la Secretaría de Economía; y en 10% al Gobierno federal y solo 5% serán reinvertidos en mejoras para las comunidades mineras.

Precisó que con la configuración original del Fondo Minero, de 100% recaudado, 20% se quedaba en la Federación, 2.5% se canalizaba a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y con 77.5% restante, se integraba el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que se repartía en 37.5% para los estados y 62.5% para municipios, donde se realiza la extracción minera.