PRI pide al Gobierno reconsiderar recorte presupuestal del 75%

Las diputadas Anilú Ingram Vallines y Hortensia Noroña Quezada, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hicieron un llamado al gobierno al Gobierno Federal a reconsiderar el ajuste presupuestal de 75% a las partidas de servicios generales y materiales y suministros, como parte de las medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica que vive del país.

Pidieron a las autoridades federales enviar al Poder Legislativo un informe del impacto presupuestal que tendrá el decreto presidencial, del pasado 23 de abril, que obliga a aplicar nuevas medidas de austeridad y pone en riesgo el funcionamiento del propio Gobierno.

Anilú Ingram Vallines y Hortensia Noroña Quezada, recordaron que el Presidente de la República ordenó recortar presupuesto a las políticas públicas que protegen los derechos humanos y su decisión tendrá consecuencias fatales, porque cercenar recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), implica dejar a la deriva a 34 mil 215 ciudadanos que forman parte del Registro Nacional de Víctimas en este país.

La diputada Ingram Vallines, anticipó que el presupuesto de Seguridad y Protección Ciudadana será el más afectado por el monto del recorte, 18 mil 7 millones de pesos, que representa menos 30 por ciento.

“La austeridad compromete programas sociales sensibles como: combate a la violencia de género, delitos de violencia familiar, protección a defensores de derechos humanos, periodistas, desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, feminicidio y trata de personas entre otros”.

Reiteró que está en riesgo la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

Por su parte, la diputada por el estado de Jalisco, Hortensia Noroña Quezada, acusó que la “violencia presupuestal” es también violencia de género, “porque se cortan los sueños de muchas mujeres y sus hijas e hijos de vivir sin miedo, sin golpes y amenazas, se recortan sus planes de futuro, metas de vida, sus esperanzas.”

Criticó que quienes deberían de proveer protección institucional, no son capaces de ofrecer ni siquiera, credibilidad; son los mismos que negaron que la violencia intrafamiliar contra las mujeres escala y declararon que el 90 por ciento del total de las llamadas a la línea de auxilio del 911 en nuestro país, son falsas.

Ambos legisladora hicieron un llamado a defender a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una institución nacional que tanto trabajo costó crear en el sexenio pasado y que hoy quieren destruir.

Dijeron que si Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cae en déficit presupuesta se dejará de pagar la nómina del 60 por ciento de los trabajadores; la renta y servicios en las oficinas centrales; perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de las 34 mil 215 víctimas.

Desaparecerá el área de traslados para las personas que acudan a audiencias en el Ministerio Público, los juzgados, las diligencias de búsqueda; los asesores jurídicos se reducirán en 30%; se termina el trámite de ayuda a más de cinco mil víctimas al mes, cerrarán algunos centros de atención en el país, donde acuden anualmente siete mil 200 personas agraviadas.

“ Por si fuera poco, no habrá recursos para proporcionar apoyo en alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones, ni compensaciones”, señaló la legisladora.