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SFP inhabilitó y sancionó a 2 farmacéuticas por engañar en licitación al Instituto Nacional de Neurología

Instituto Nacional de Neurología Foto: La Jornada
Instituto Nacional de Neurología Foto: La Jornada 

La Secretaría de la Función Pública, adelantó que también realiza las investigaciones correspondientes para determinar posibles faltas cometidas por servidores públicos.


Las empresas Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la inhabilitación por 3 años y una multa por más de 1 millón 350 mil pesos a cada una, por engañar en licitación al Instituto Nacional de Neurología.

La Función Pública, informó este lunes que dichas empresas proporcionaron información falsa y pretendieron actuar con dolo en el concurso de una licitación pública y la prestación del servicio contratado para el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2020.

Además, señaló que partir de una serie de recorridos y visitas de inspección que la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval realizó en febrero del año 2020, se presentaron una serie de denuncias por parte del personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” por irregularidades en la prestación de manera ininterrumpida y oportuna del servicio integral de farmacia de dicho instituto, por lo que la funcionaria en uso de sus atribuciones, determinó iniciar con la investigación que hoy ha concluido con esta sanción.

La Dependencia Federal, señaló que tras un cuidadoso procedimiento sancionatorio, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública determinó que en la licitación, Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., participaron de manera conjunta en la licitación, falsearon información al momento de concursar por el contrato, al señalar que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual no era cierto.

“Con ello violentaron la fracción IV del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”

Por ello y en estricto apego a la norma, se determinó que las empresas actuaron con dolo, pues tenían conocimiento de que no contaban con el personal suficiente para poder cumplir con el contrato y, además, presentaron cinco facturas para cobrar por el servicio que no prestaron durante más de cuatro meses, y por el que cobraron más de 15 millones de pesos.

Por tales razones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública, respetando en todo momento el derecho de audiencia de las empresas, resolvió sancionarlas con inhabilitación por 36 meses y multa resarcitoria por 1 millón 358 mil 820 pesos a cada una.

La Secretaría de la Función Pública, adelantó que también realiza las investigaciones correspondientes para determinar posibles faltas cometidas por servidores públicos.