Suspenden extradición del exgobernador Eugenio Hernández

 

El Poder Judicial estudia un amparo; la decisión podría tardar meses o años


Por Arnoldo García

El proceso de extradición a los Estados Unidos del exgobernador de Tamaqulipas Eugenio Hernández Flores se encuentra suspendido ya que el Poder Judicial Federal aceptó y estudia el amparo interpuesto por la defensa.

El defensor Juan Jorge Olvera Reyes informó que el juez de distrito Fernando Ureña ordenó que el acuerdo de extradición emitido por la secretaría de Relaciones Externo permanezca suspendido en tanto se estudia el amparo.

Se hizo hincapié en que el proceso de extradición se encuentra interrumpido por la suspensión ordenada por el Juez de Distrito.

Aseguró Olvera Reyes que en caso de efectuarse la extradición de Eugenio Javier sólo podrá ser juzgado en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa los cuales se penas de 500 mil dólares a 20 años de prisión. Los demás delitos han sido desechados.

Adelantó que en caso de que la extradición sea concedida se podrá interponer un recurso de revisión que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es evidente que existe una violación a los derechos humanos del exgobernador.

La suspensión de plano otorgada dentro del juicio de amparo 778/2018, significa que Hernández Flores no podrá ser extraditado hasta que se dicte sentencia.

En ese sentido, comentó que la resolución del Juez de Distrito podría tardar meses e incluso años.

Pero reiteró que en caso de que la sentencia fuera negativa para Hernández Flores se echara mano del recursos de revisión por parte de la SCJN.

Subrayó que Relaciones Exteriores concede la extradición por solamente el delito de asociación delictuosa para lavado de dinero y desecho los delitos de fraude bancario y narcotráfico.

Hernández Flores fue detenido el seis de octubre del año pasado, y permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, sujeto a un proceso penal del fuero común por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente por apropiarse de mil 600 hectáreas propiedad del Estado , localizadas en el puerto de Altamira, mediante operaciones de compra-venta irregulares.

 

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dsl.