Alumnos de la UNAM denuncian amenazas de muerte

 

Las amenazas provienen de autoridades de la UNAM y personas desconocidas


POR MONSERRAT MÉNDEZ 

La Central de Estudiantes Universitarios (CEU) de la UNAM denunciaron en su cuenta de Facebook y en su página web, que cinco de sus compañeros han sido objeto de amenazas de muerte, y que en fechas recientes y por diferentes medios otros, miembros de la organización han sido hostigados por autoridades de la máxima casa de estudios y personas desconocidas.

De acuerdo con la publicación,  lanzada en las redes sociales Miriam del Carmen Estrada Rivera, Saray Pamela Hernández Hernández, Ángel Cervantes Rentería, Lauren Manuel Durán Juárez y Víctor Soto Rojas, “jóvenes defensores de derechos humanos”, son quienes han sido amenazados.

De acuerdo con la información que proporciona la organización, “el 3 de abril, 19 de mayo y 1 de junio de 2018 se registraron pintas en los sanitarios ubicados a un costado del local del Centro de Estudiantes de Derecho, organización integrante de la Central de Estudiantes Universitarios, en las que se amenaza de muerte en general a todos los miembros de este colectivo, y específicamente a Miriam del Carmen Estrada Rivera, Lauren Manuel Durán Juárez y Víctor Soto Rojas”.

Dichos estudiantes fueron candidatos en las elecciones para elegir representantes de alumnos ante el Consejo Universitario, Técnico y Académico de la institución educativa.

Saray Pamela Hernández Hernández, consejera universitaria electa, “el 8 de mayo de 2018, a las 14:59 horas, recibió una amenaza de muerte en su teléfono celular”, según indican. Por su parte, “el 23 de mayo, a Ángel Cervantes Rentería, consejero académico electo, desde un perfil de facebook falso le fueron enviados varios mensajes que también contenían amenazas con el mismo propósito”.

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Agregaron que el pasado 10 de mayo, las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, encabezadas por el director Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, publicaron un comunicado institucional en el que “sin fundamento y de manera temeraria, acusaron a las y los estudiantes Arisbeth Reséndiz Murrieta, Cristóbal Santos Chávez, Guillermo Daniel Aguilar Cortés, Diego Santillán Martínez y Mario Mendoza Vázquez, participantes de la Central de Estudiantes, de presuntamente cometer un ‘allanamiento súbito y violento’ de la oficina del director”.

La versión de los estudiantes indica que “el 9 de mayo la referida comisión de alumnos únicamente acudió a pedir respuesta, pacíficamente, sobre una solicitud de audiencia formulada por escrito días antes”.

Dicha solicitud, detallaron, era para mejorar el transporte para los estudiantes del Campo 1 de la FES Cuautitlán, en el marco del convenio vigente, con participación estudiantil.

Añadieron que en el último año se registraron 12 incidentes “que ponen en riesgo la integridad y seguridad” de diversos miembros de la organización, por lo que solicitaron a las autoridades de la Universidad Nacional, de la Ciudad y del Estado de México, así como del Gobierno Federal las siguientes peticiones:

  • Acciones pertinentes para que cese el hostigamiento y amenazas contra las y los estudiantes que integran la Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM.
  • Proteger y garantizar la vida, integridad y seguridad personales de las y los jóvenes defensores de derechos humanos, Miriam del Carmen Estrada Rivera, Saray Pamela Hernández Hernández, Ángel Cervantes Rentería, Lauren Manuel Durán Juárez y Víctor Soto Rojas.
  • Que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas referidas, instando a que se realice una averiguación de los posibles vínculos entre servidores públicos y las personas autoras de tales advertencias.

Por último, pusieron un directorio donde aparecen direcciones de trabajo, teléfonos y correo electrónico de autoridades como Enrique Peña Nieto, Enrique Graue, el procurador Alberto Elías Beltrán, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entre otros; al consultar al colectivo, indicaron que esta medida es para que las personas que deseen exigir que se proteja y garantice la vida, integridad y seguridad de los jóvenes defensores de derechos humanos, lo hagan directamente con dichas personas.

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