Gobernador de Puerto Rico podría enfrentar juicio político

 

San Juan, 19 Jul (Notimex).- La Junta Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico aseguró hoy que “existen bases jurídicas suficientes” para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de juicio político en contra del gobernador Ricardo Rosselló, por presuntas violaciones al Código Penal, tras la revelación de cientos de mensajes de chat. […]


San Juan, 19 Jul (Notimex).- La Junta Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico aseguró hoy que “existen bases jurídicas suficientes” para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de juicio político en contra del gobernador Ricardo Rosselló, por presuntas violaciones al Código Penal, tras la revelación de cientos de mensajes de chat.

La Junta Gobierno del Colegio de Abogados encargó a un comité de expertos revisar las 889 páginas del chat de la aplicación de mensajería Telegram, que Rosselló y su grupo de asesores mantuvieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019, reportó el periódico Primera Hora.

Los expertos indicaron que en esas conversaciones hubo un patrón de conductas y omisiones de parte de Rosselló “que pueden constituir delitos graves y menos graves”.

Según los expertos, el gobernador puertorriqueño pudo haber cometido el delito federal y estatal de conspiración por perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado.

Consideraron que Roselló habría cometido malversación de fondos públicos, ya que habría usado recursos del erario para un fin no autorizado, como lo es la exaltación de la figura propia del gobernador.

“Es razonable concluir que un chat durante 50 días constituyó un gasto público para adelantar intereses no relacionados con la función gubernamental propiamente, sino con otros intereses políticos y económicos indebidos”, argumentaron.

Los expertos indicaron, entre otras señalamientos, que la expresión realizada en el chat de: se está “salivando por caerle a tiros” a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, podría constituir violaciones al Código Penal por emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública, así como incitación a la violencia.

Entre otras de las presuntas violaciones de Rosselló al Código Penal, figura que el artículo 167 prohíbe la recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en su permanencia en el empleo.

“Rosselló intervino directamente en una conversación sobre la intención de sustituir a la esposa del senador independentista Juan Dalmau en el puesto que ha ocupado durante años en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, denunciaron.

Además, el gobernador habrá obstruido a la autoridad pública por supuestamente impedir el cumplimiento de obligaciones.

El informe fue realizado por los profesores de derecho, Yanira Reyes Gil y Carlos Iván Gorrín Peralta, así como por el expresidente del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva Muñoz.

El escándalo del intercambio de mensajes provocó la salida de dos miembros del gabinete de Roselló, luego de la filtración de cientos de mensajes de chat con contenido sexista, homófobo, amenazas y expresiones relacionadas a posibles ilegalidades, entre el gobernador y miembros de su equipo cercano.

Esos mensajes, que fueron intercambiados entre diciembre de 2018 y enero de 2019, fueron divulgados por el Centro para el Periodismo de Investigación de Puerto Rico.

En ellos, el gobernador y 11 funcionarios y asesores realizaron comentarios despectivos contra personalidades como la alcaldesa Yulín Cruz, del opositor Partido Demócrata Popular, y el cantante Ricky Martin, entre otros.

Rosselló pidió el jueves reconciliación a los puertorriqueños, luego de las cinco multitudinarias protestas realizadas en su contra que exigen su renuncia, pedido al que se han sumado varios de los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside Rosselló, quien ha asegurado que no dimitirá.

La tarde de este viernes, Roselló pidió al secretario general del PNP, Rafael Rivera, convocar a los los miembros del Directorio del instituto político para una reunión cuya fecha y lugar está por definirse.

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