13 años después, aún falta la justicia: víctimas de Atenco

víctimas de Atenco
 

La Corte Interamericana señala al Estado mexicano responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibición de tortura; el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa.


El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un año para presentar un informe del avance de las investigaciones que debe reabrir para dar justicia a 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo de Atenco de 2006, ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Italia Méndez, víctima de Atenco, expresó que “ellos buscaban nuestra sumisión política, sexual y moral empleando la tortura sexual como una arma de control social, a través de destruir nuestro cuerpo quisieron romper lo colectivo, nuestra respuesta fue no al silencio, no a la impunidad, y no a la sumisión”.

Cristina Sánchez, otra de las víctimas, recordó: “Nos tacharon de revoltosas, de mentirosas y fuimos discriminadas”. En tanto que Edith Rosales, aseguró que “hemos dado un paso muy grande pero falta, uno de los pasos importantes es la justicia”.

A casi 13 años del hecho, la Corte Interamericana señala al Estado mexicano responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibición de tortura; el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa.

También lo señala de violar los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial; y el derecho a la integridad personal de los familiares de las 11 mujeres denunciantes de Atenco, por lo que también ordena la reparación del daño y la garantía de no repetición.

El organismo internacional ordena investigar la cadena de mando para poner en marcha las agresiones. Desde las autoridades de más alto rango, es decir, quienes planearon y supervisaron el operativo.

Stephanie Brewer, del área internacional Centro ProDH, detalló que “estamos hablando del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; del entonces secretario de Gobierno, Víctor Humberto Benítez; del comisionado de la Agencia Estatal, Wilfrido Robledo; y a nivel federal estamos hablando de Eduardo Medina Mora; y Ardelio Vargas, son nombres conocidos y asociados con el operativo”.

De acuerdo con Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, una de las medidas que deben traducirse en una política es la relativa a los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales.

“Mientras en el Congreso se discute sobre la Guardia Nacional y la militarización, esta sentencia reafirma la importancia de democratizar a los cuerpos civiles de seguridad y de seguir para ello los estándares internacionales”, afirmó.

“Lo que también está en juego es el modelo de seguridad y la Corte Interamericana, además de reconocer la existencia de tortura sexual también hace pronunciamientos relevantes sobre eso. Pone en un estándar muy claro que debería ser acatado y al cual la Guardia Nacional hasta la versión que hoy se conoce, sin duda no se ajusta”, dijo.

Méndez, una de las denunciantes, dijo que “miramos con preocupación que los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos son militares, marinos y policías federales, y las demandas de las víctimas por verdad y justicia siguen siendo tratadas con indiferencia por el Estado”.

Las víctimas argumentaron que dentro de la represión también participaron los militares, por lo que el hecho de que estén en las calles no dan garantía de la no repetición.

En 2006 autoridades detuvieron de forma arbitraria a 200 personas, de las que 47 fueron mujeres; de ellas 31 recibieron algún tipo de agresión sexual y de ese grupo 11 mujeres llevaron su denuncia hasta organismos internacionales.

“No daremos un paso atrás, no nos conformaremos con menos que esto. Las heridas de las sobrevivientes son difíciles de sanar, sobre todo frente a la repetición sistemática de esta práctica. Nosotras aprendimos a no callar. A todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual perpetrada por agentes del Estado les decimos: hermanas nuestra lucha no cesa, hasta que la justicia sea para todas”, enfatizó Italia Méndez.

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