40 y el 50% de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de DDHH provienen de autoridades

El titular del Mecanismo de protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Enrique Irazoque Palazuelos, reconoció que lamentablemente entre el 40 y el 50% de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos provienen de autoridades y de servidores públicos.

“Es decir no solamente hay autoridades locales, que no están dispuestas a asumir su obligación, de proteger sino que son parte del problema, y esto es importante decirlo porque es muy difícil que desde el mecanismo, podamos revertir una situación como la que actualmente aqueja al país, siendo las autoridades quienes son las fuentes de riesgo de los periodistas y de las personas defensores de derechos humanos”.

El funcionario federal, destacó que entre diciembre de 2018 a septiembre de 2021, se han registrado 47 homicidios a periodistas.

“En seis entidades federativas se concentra el 61% encabeza la lista Sonora, Guerrero Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca”

Los periodistas asesinados en dichos estados están identificados de la siguiente manera:

Ocho en Sonora, registrado uno en cada uno de los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Sonoyta, Guaymas y cuatro en Cajeme.

Cinco en Guerrero, registrados en los municipios de Zihuatanejo, Iguala, Zacatepec y dos en Acapulco.

Cinco en Veracruz, registrado uno en cada uno de los municipios de Actopan, Martínez de la Torre, Papantla, Tierra Blanca y Tezonapan.

Cuatro en Michoacán en Huetamo, Uruapan y dos en Morelia.

Mientras que en el Estado de México y en Oaxaca son tres en cada entidad, en los Municipios de Ecatepec, Tejupilco y Metepec y en San Aguistin Lixicha, Huajuapan de Léón y Morro Mazatán.

“Por lo que hace a las personas defensoras de derechos Humanos tenemos una cifra mucho mayor que es d 94 homicidios, concentrados el 67% en seis entidades, encabezada la lista por Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, y Michoacán”.

Irazoque Palazuelos, reveló que del total de 141 personas, entre Defensoras y Periodistas, entre diciembre de 2018 a la fecha solamente había seis personas dentro del Mecanismo de protección.

El responsable presentó un análisis focalizado de loa perfiles de periodistas víctimas de homicidio.

“El porcentaje mayor se dedicaba a la nota Policial o a la nota de seguridad, a la nota política, tenemos también documentado la nota de corrupción”

En dicho perfil cabe destacar que 15 periodistas se dedicaban a la nota policiaca, 8 a la política, 7 a información diversa, 7 al ámbito deportivo y cultural, 5 a denuncia ciudadana, 4 a información comunitaria y 1 al periodismo de investigación, siendo 5 mujeres y 42 hombres.

“En términos de personas defensoras tenemos que el gran porcentaje que la mayoría se dedicaban a derechos ambientales, a la defensa de la tierra y por supuesto en términos menores a la defensa de pueblos indígenas, de los derechos de mujeres y de la agenda de violencia de Género”.

En este grupo de personas el “Mecanismo de Protección”, identificó 23 mujeres y 71 hombres asesinados.

Irazoque Palazuelos, resaltó que la política de protección es de Estado y están involucradas todas las autoridades de los diferentes poderes y órdenes de gobierno en términos no solo de protección, sino de prevención en estos sectores.

Explicó que el mecanismo se crea en 2012, a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para coordinar las acciones entre todos los órdenes de gobierno, y aclaró que el éste es una herramienta extraordinaria que no suple las obligaciones de las policías estatales y municipales en función de seguridad y es obligación de las fiscalías emitir las medidas cautelares que autónomamente les corresponden.

“Es decir, tenemos que seguir recalcando que el mecanismo es una medida extraordinaria, lamentablemente en los últimos años no es así. Somos un área de primer contacto ante la deficiencia y la falta de voluntad política de las diferentes autoridades, es el mecanismo quien entra en primer sentido y quien se ha hecho cargo del 85 por ciento de las medidas que otorga el mecanismo son vía su presupuesto”.

El responsable del mecanismo, presentó la cifra actualizada de las personas incorporadas al mecanismo y precisó que al inicio de la actual administración se encontraban incorporadas 798 personas.

“A la fecha se han adherido 708 más, lo que equivale a un incremento superior al 88 por ciento, es decir, se encuentran incorporadas mil 506 personas, de las cuales 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres) y mil 11 son personas defensoras (543 mujeres y 468 hombres).

Finalmente, anunció la firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas, a fin de generar la política pública de prevención contra las agresiones y amenazas a este sector de la sociedad, así como intensificar la proyección de los casos vigentes y generar los protocolos estrictos de seguridad, y adelantó que este octubre se firmará el convenio con los gobiernos de Coahuila, Morelos y Quintana Roo.

Por su parte el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, al encabezar la conferencia para presentar el documento que señala los agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, enfatizó que se necesita una estrategia integral y que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad en prevenir las agresiones y amenazas en contra de este sector de la sociedad.

“Si lográramos disminuir las agresiones o amenazas que provienen de la propia autoridad, que ese es un dato alarmante, cómo el principal agresor y factor de riesgo es la autoridad en el ámbito municipal con grupos delictivos, tendríamos un resultado muy significativo”.

En la conferencia de medios, Encinas Rodríguez anunció que se hará una revisión al marco legislativo y normativo que regula el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, para lo cual ya se estableció con el Congreso de la Unión la ruta para iniciar las reformas legislativas y de procedimientos.