Aprueban diputados cambio de nombre de la SCT; ahora será Secretaría e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

La Cámara de Diputados aprobó, por consenso, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para cambiar el nombre de la SCT para quedar como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Con 451 votos a favor se aprobó esta reforma que fue enviada por el ejecutivo federal el pasado 23 de febrero de 2021.

Se destaca que este cambio no genera impacto en el gasto de la SCT ni implica crear unidades administrativas o nuevas plazas. Tampoco tiene impacto presupuestario en los programas aprobados de la SCT en el presente ejercicio fiscal, ni prevé destinos específicos de gasto público.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe indicó que estas Secretaría, que literalmente ha construido a México, es un agente esencial en el desarrollo nacional y figura como una de las más antiguas dependencias que con diversos cambios en su nomenclatura se ha mantenido vigente, lo que da cuenta de su carácter altamente estratégico.

Durante la discusión, los legisladores coincidieron en la conveniencia de modificar la denominación de la dependencia, “a fin de que desde su propio nombre se identifiquen los tres rubros principales de su competencia, dada la relevancia histórica que los mismos implican en el quehacer público”.

Se destaca que en materia de infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concentra los esfuerzos de construcción, conservación, planeación, desarrollo y administración del inventario carretero nacional, al preservar la red carretera nacional, así como propiciar el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de calidad.

Ello, con el propósito de aumentar la competitividad de la economía, impulsar el desarrollo nacional y regional, extender la comunicación y eliminar el aislamiento de las comunidades rurales a través de la correcta y eficaz aplicación de los recursos presupuestales y de esquemas de asociación público privada para el financiamiento de esta infraestructura, a fin de prestar un mejor servicio al usuario de las carreteras del país.