César Duarte libra cargos, pero quedan denuncias

Determinan no ejercer acción penal contra el “exgober” de Chihuahua
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A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra César Duarte Jáquez, por la denuncia de Jaime García Chávez, el exgobernador de Chihuahua todavía cuenta con otras denuncias por delitos federales.

Carlos Angulo, actualmente aspirante a diputado federal por la coalición Por México al Frente, recordó que la denuncia que presentó en septiembre de 2014 ante la PGR contra Duarte Jáquez y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, aún “sigue su curso y se abrió una carpeta de investigación”.

Mencionó que hay al menos tres denuncias contra el exmandatario. Aquella, en la que la PGR determinó no ejercer acción penal contra contra Duarte Jáquez, sólo es la primera, “pero la procuraduría debe avocarse a investigar y darle seguimiento a las otras acusaciones interpuestas porque el desfalco cometido por el exgobernador de extracción priista es millonario”.

Explicó que el gobierno de César Duarte emitió bonos carreteros por cerca de 15 mil millones de pesos, de esa cantidad alrededor de 5 mil millones se utilizaron en amortizar una deuda de bonos anteriores. Pero quedaron más de 10 mil millones, de los cuales no existe documentación en la que conste y se justifique el gasto de tal cantidad de dinero.

“En este desfalco se sustenta mi denuncia y confío que la PGR dé puntual seguimiento a este caso”, mencionó el panista.

La PGR notificó a Jaime García Chávez, quien presentó una denuncia penal en noviembre de 2014 contra César Duarte Jáquez y Jaime Herrera Corral por el presunto desvío de recursos al Banco Unión Progreso, el no ejercicio de la acción penal, única y exclusivamente, por lo que se hace a los delitos federales competencia de la institución.

Así quedó asentado en el oficio PGR/UAEF/DG/592/2018 con fecha del 5 de enero de este año y firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, María Elena Velasco Ramírez.

En el caso de enriquecimiento ilícito es por la utilización de recursos del gobierno estatal para la conformación del Banco Progreso, donde la Secretaría de Hacienda

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