CONATRIB inicia cruzada por recursos para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Pondrán sobre la mesa que la CONATRIB precisa de un esquema similar al que se implementó para la puesta en operación del sistema procesal penal acusatorio.
Con la finalidad de que se les asignen los recursos necesarios y así poder aplicar de manera cabal y sin contratiempos el recién aprobado “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares” en el plazo de cuatro años, como lo establece la “Vacatio Legis”, los titulares de los Poderes Judiciales de todo el país, iniciarán esta semana una cruzada en la Cámara de Diputados.
La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), a través del Magistrado Rafael Guerra Álvarez, ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, este martes señalarán la urgente necesidad de modificar el artículo 6º Transitorio del citado ordenamiento legal, con la supresión del párrafo tercero, el cual supone que los tribunales ya cuentan con los juzgados que requerirán para la operación del nuevo código, y en el que se sugiere sólo un reacomodo de los órganos jurisdiccionales de las materias civil y familiar.
Los 32 presidentes de los Tribunales Superiores, plantearán a los legisladores que esto no es así, a fin de alertarlos de los riesgos que implicaría el no contar con los recursos presupuestales para la implementación de tan importante disposición legislativa, de la cual no hay precedente en el país para la impartición de justicia en las materias civil y familiar, y cuya aprobación en el Congreso de la Unión supuso la emisión de una legislación de avanzada capaz de proteger al indefenso de manera expedita y de fondo, mediante procesos en los que todos tengan certezas sobre sus derechos.
En el encuentro a realizarse en la Cámara de Diputados, la CONATRIB pondrá al tanto a los legisladores de la experiencia que han tenido los poderes judiciales con la implementación de otras reformas constitucionales, las más reciente, la laboral, en cuanto impacto en sus cargas de trabajo y afectación a sus recursos humanos y gastos de operación.
Pondrán sobre la mesa que la CONATRIB precisa de un esquema similar al que se implementó para la puesta en operación del sistema procesal penal acusatorio, en 2015, el cual si bien no fue el óptimo sí permitió hacer posible su ejecución, mediante la autorización de recursos tanto federales como locales, con los que fue factible su arranque.
Respecto a la implementación de la materia laboral, se señalará a los legisladores que el recurso federal fue muy limitado, en tanto que el de carácter estatal no fue previsto en la proporción que se hizo con el sistema procesal penal acusatorio, lo que orilló a los tribunales a una crisis en sus presupuestos, que los tiene en la actualidad en condiciones no favorables para la implementación de una nueva encomienda constitucional de gran calado, como la que están por afrontar.
A la par de ese intercambio de ideas con los legisladores de la citada comisión, cada uno de los presidentes y presidentas de los órganos judiciales locales buscarán dialogar con los Diputados Federales de sus entidades, a fin de sensibilizarlos sobre la necesidad de recursos, así como a los Congresos Locales de cada Estado.
Guillermo Espinosa / @Guiesga
AGM
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