Ante el “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, los senadores de la mayoría legislativa y de oposición se enfrascaron en una discusión de calificativos defendiendo cada uno su postura.
Panistas y priistas llamaron “decretazo” a la propuesta presidencial. Los primeros, en voz de Julen Rementeria, anunciaron que, por inconstitucional”, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, pidió que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, tiene la obligación de detenerlo planteando una controversia constitucional.
En tanto, los legisladores de Morena refutaron las afirmaciones de la oposición. César Cravioto, subió de tono sus acusaciones y llamó a la oposición “hipócritas” y no quieren que el presidente cumpla con sus compromisos; además, con el decreto se acabaron los moches y toda esta maraña de trámites.
César Cravioto aseguró que este decreto, además de ser constitucional, está dentro del marco de la ley. Lo respaldan 30 millones de votos que tuvo el presidente de la República en 2018 y en 2021. El voto que se le dio a Morena y al presidente López Obrador, fue para transformar este país, lo cual implica quitar toda la tramitología y toda la burocracia que hay, insisto, para que hubiera “moches” en gobierno anteriores.
Claudia Anaya, senadora priista, dijo que con “este decretazo constitucional” no solamente vamos a la opacidad de las contrataciones, de las adjudicaciones directas, de cómo es que para la construcción de varias de estas obras (el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas) de las que hoy día se quiere reservar información, se han estado contratando empresas fantasmas.
El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Julen Rementeria, primero en conferencia de prensa y después desde su escaño durante la sesión ordinaria, subrayó que el acuerdo presidencial publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México habla de cosas que realmente ocultan su verdadera motivación con el pretexto de la seguridad nacional.
“Se busca blindar todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el acuerdo que habla, incluso, hasta de las pequeñas carreteras o bien que, a quién se adjudica la obra, son empresas que no tienen experiencia en el ramo y todo esto se quiere dejar sepultado en un manto de opacidad”.
Alejandra del Carmen León Gastelum, del grupo plural, resaltó que este decreto está completamente mal en su forma, ya que el Gobierno claramente está confundiendo el desarrollo económico y social con la seguridad nacional y busca confundir a la ciudadanía.
