Difícil castigar violencia animal, reconoce titular de Medio Ambiente

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, reconoció que a la fecha no hay responsables por el caso de violencia animal en el refugio Black Jaguar, pues manifestó que la actual legislación dificulta condenar a quienes violentan a los animales.

Al comparecer, con motivo de la Glosa del IV Informe de gobierno, ante diputados de la Comisión de Medio Ambiente, la funcionaria federal fue cuestionada por la diputada priista Melissa Vargas sobre el estatus de las investigaciones de los responsables del refugio bajo el nombre de Fundación Black Jaguar White Tiger, y que era investigado por violaciones al uso de suelo y maltrato animal.

María Luisa Albores solicitó a los diputados endurecer las leyes para poder ir contra aquellos que violenten a los animales.

Black Jaguar

Informó que en el caso Black Jaguar, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), se atendió médicamente a los más de 200 felinos rescatados y en algunos casos se apoyó en su traslado.

“Estamos en el espacio adecuado bien se podrían plantear nuevas leyes que vayan más allá, más fuerte en este sentido hacia personas que están implicadas contra animales que no pueden levantar la voz y que nosotros sí podríamos levantar la voz para su cuidado”, solicitó.

La respuesta de la funcionaria no dejó satisfecha a la diputada priista quien reprochó que las autoridades federales no se responsabilizan de la justicia ambiental.

Indicó que tanto la Secretaria de Medio Ambiente como la Fiscalía General de la República (FGR) han sido omisas en casos de violencia animal, además de que en este sexenio aumento el tráfico ilegal de especies.

“Aquí no hay justicia ambiental y déjame decirte algo hay una clara responsabilidad de esta secretaria por omisión y de la Fiscalía General de la República al respecto, el crecimiento del tráfico ilegal de animales ha aumentado drásticamente en esta administración hasta 660%”, indicó

Tren Maya

La funcionaria afirmó, por otro lado, que todos los tramos del Tren Maya cuentan con la manifestación de impacto ambiental autorizadas, lo cual fue refutado por los legisladores de oposición.

“Afirmar que el Tren Maya va a reducir emisiones es falso, no hay un sustento serio que lo mencione. La deforestación ilegal, que es delito ambiental, no es castigada. No hay nadie en la cárcel por ello. Lo más claro, el más claro ejemplo son los megaproyectos de Dos Bocas o el Tren Maya que se realizaron sin autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal”, reprochó la panista Rocío Reza Gallegos.

Sobre esto también se refirió el perredista Marcelino Castañeda, quien dijo que los megaproyectos de este gobierno han representado un ecocidio.

“Los megaproyectos de esta administración, presentados en su Cuarto Informe de actividades representan en lo que va de esta administración los elementos criminales de la devastación y la pérdida de biodiversidad, pues se calcula que cuando menos se van a desforestar más de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas en las obras del Tren Maya”.

“Sus programas insignia no representan más que un ecocidio; las consecuencias de la postura de este gobierno en materia de ecología frente al mundo, profundizan tensiones internacionales causadas por las apuestas en materia energética de nuestro país. Apuestas por carbonos que son, innegablemente, factor de intensificación del Cambio Climático”.

ZG