El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 456 votos a favor, reformas legales para la creación, fortalecimiento y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres en las entidades federativas.
Con ello se busca que los Centros de Justicia para las Mujeres brinden atención a las víctimas de violencia o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos, mediante la prestación de servicios multidisciplinarios para promover y garantizar su acceso a la justicia.
En la exposición de motivos se señala que existen en todo el país solo 51 centros de este tipo lo que resulta insuficientes para atender a más de 30 millones de mujeres que han sido agredidas, por sus novios, maridos, jefes o algún tipo de autoridad laboral o familiar.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, explicó que estos Centros ofrecerán como mínimo atención médica y psicológica incluyendo atención terapéutica de contención emocional, asesoría jurídica, representación legal, gestión de expedición de documentación oficial, cuidado infantil, servicio de trabajo social y seguridad a víctimas en situación de riesgo grave o falta de red de apoyo familiar o comunitario, para lo cual se coordinará con los refugios para víctimas.
“Los Centros de Justicia para las Mujeres facilitarán el acceso a la justicia las 24 horas todos los días del año, se especifica que dichos centros se deberán ubicar en forma prioritaria en zonas rurales, comunidades indígenas y territorios carentes de instituciones públicas que prevengan y atiendan la violencia hacia las mujeres. Y lo subrayo, que en zonas indígenas se deberá contar con personal que hable la lengua o las lenguas que prevalezcan en la región”.
Las reformas a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Coordinación Fiscal, que fueron remitidas al Senado de la República, pretenden dar acceso a la justicia a través de agencias del Ministerio Público especializado en violencia contra las mujeres, asesoramiento para el empoderamiento económico, gestión de acceso a servicios educativos y programas de inserción al mercado laboral.
