Impulsa PRI reforma constitucional en materia electoral para evitar intervención del crimen organizado en elecciones

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, impulsa dos iniciativas con reformas a la Constitución y a leyes secundarias en materia político-electoral, para evitar la injerencia del crimen organizado en procesos electorales.

En ambas iniciativas publicadas en la Gaceta Parlamentaria, el priista propone cambios a los artículos 19, 41 y 115 de la Carta Magna a fin de establecer la prisión preventiva oficiosa en caso de que se acredite la participación del crimen organizado en los procesos electorales y que sean imprescriptibles los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado en procesos electoral.

Dijo que se busca un profundo cambio en el artículo 115 constitucional para que el INE tenga la facultad para solicitar ante los Congresos locales, la “suspensión o revocación” de un gobierno municipal cuando existan indicios de la presencia delictiva en el gobierno.

Asimismo, plantea la creación de un Comisionado Electoral como integrante del INE, que será designado por la Cámara de Diputados, cuya función será garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales, así como prevenir, investigar y combatir todo acto que atente contra el voto libre, razonado e informado de los ciudadanos, la injerencia del crimen organizado y/o asociaciones delictivas, así como la existencia de financiamiento o agentes económicos de procedencia ilícita, que atenten contra el correcto desarrollo de las elecciones.

Entre las principales funciones del Comisionado Electoral será acceder a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de los partidos políticos, agrupaciones políticas, instituciones públicas y privadas, sólo en lo relativo a los procesos electorales; y participará en la emisión de estudios para la prevención en la integración e instalación de Mesas Directivas de casilla en lugares donde existan condiciones que supongan la injerencia del crimen organizado y asociaciones delictivas.

Suspensión del proceso

El comisionado tendrá la facultad de emitir la suspensión del proceso electoral, en un plazo máximo de 72 horas a la entrega por parte del Observatorio Electoral, de los elementos de investigación que acrediten la injerencia del crimen organizado y/o asociaciones delictivas, para su posterior entrega, análisis y en su caso, aprobación al Consejo General.

En caso de homicidio de candidata o candidato en manos del crimen organizado, el Comisionado Electoral deberá emitir la suspensión del proceso electoral en un plazo máximo de 36 horas a partir de que se tenga conocimiento de la comisión del delito.

De igual manera, el priista coahuilense propone la creación del Observatorio Electoral, el cual consistirá en un órgano integrante del Instituto Nacional Electoral, con autonomía técnica y operativa, con el objetivo de desarrollar, implementar y administrar un sistema de investigación que informe de manera objetiva, técnica y oportuna, aquellos riesgos y amenazas que potencialmente puedan afectar los procesos electorales, actuando de oficio o a petición de parte.

Proceso electoral

Emitirá antes del inicio del proceso electoral, el semáforo de conducta y patrones de indicios de injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas en entidades federativas y municipios; presentará al comisionado electoral, 90 días antes del inicio del proceso electoral, un informe relacionado a estudios que contemplen si existen o no, condiciones para celebrarse los comicios.

Asimismo, emitirá un Diagnóstico de Inteligencia con evidencia de operaciones regionales, donde se identifiquen las actividades del crimen organizado o asociaciones delictivas y el despliegue de recursos ilícitos, que busque intervenir en los procesos electorales; recibirá copia de las denuncias de presunta intervención del crimen organizado o asociaciones delictivas en los procesos electorales y en los partidos políticos, para su registro e impacto en el análisis correspondiente.

Realizará el monitoreo permanente de zonas de alto riesgo, para la integridad de candidatas y candidatos de los procesos electorales.

Moreira Valdés plantea que el titular del Observatorio Electoral sea elegido por las dos terceras partes del Consejo General del INE.

Destaca que con la creación de estas dos figuras se fortalecerá el correcto desarrollo de los procesos electorales en todas sus etapas cuidando que no exista ninguna injerencia del crimen organizado o cualquier organización delictiva. Ambas estarán facultadas para tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar todas las etapas del proceso electoral y si es el caso, suspender el proceso.

Leyes Generales

En cuanto a las Leyes Generales en Materia de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, y al Código Penal Federal, así como a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el líder de los diputados del PRI propone que sean imprescriptibles los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado en procesos electoral, así como el homicidio de un candidato o candidata por parte de las organizaciones delictivas.

Plantea sanciones de 15 y hasta 30 años de cárcel a la persona candidata, precandidata, funcionaria partidista, funcionaria electoral o servirá pública que, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado en procesos electorales.

Así como la cancelación del registro de candidaturas o de la formula, negar al partido político y/o agrupación política su participación en el proceso electoral, retirar el financiamiento de campaña a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes y la pérdida del registro de los partidos políticos, cuando se acredite la coparticipación de organizaciones delictivas.

Obligación de los partidos

También proponen que sea obligación de los partidos pronunciarse contra la intromisión del narcotráfico y organizaciones criminales, así como destinar hasta el 10 por ciento de sus prerrogativas de radio y televisión para difundir propuestas en materia de seguridad y la lucha contra el narco, así como obtenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanas.

Precisa que la propaganda electoral no podrá promover. Programas o difundir expresiones sociales, culturales, graficas o musicales que hagan apología del delito.

Rubén Moreira afirmó que el objetivo de estas iniciáticas es blindar el proceso electoral contra la intervención del crimen organizado a través de diversos mecanismos jurídicos que conforman un sistema integral de vigilancia.

ZG