Morena busca expropiación por el delito de corrupción

 

Aplicaría a funcionarios, prestanombres o testaferros


La bancada de Morena en el Senado propuso modificar la Constitución para decomisar bienes a funcionarios que incurran en el delito de corrupción.

Esta iniciativa, que modifica el artículo 22 de la Carta Magna, señala que la extinción de dominio aplicará también en los casos abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.

La extinción de dominio irá también en detrimento de los bienes que estén en propiedad de prestanombres o testaferros.

Según el proyecto, la extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito.

La iniciativa amplia de 6 a 7 el catálogo de delitos sobre los cuales procede actualmente la extinción de dominio. delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.

El senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, refiere en la exposición de motivos de su iniciativa, que: “es necesario enfrentar, con respuestas duras y contundentes, la emergencia en la que se encuentra el país, ya que no es menor el agravio que la comisión de delitos de corrupción ocasionan al pueblo”.

Señala que la impunidad no deber se característica del Estado mexicano, de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos delictivos en materia de corrupción.

Recuerda que delitos como el de la corrupción han incrementado su incidencia y estrategias de operación, de tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado mexicano, el cual se ve gravemente mermado en su capacidad económica para afrontar las justas demandas de la sociedad.

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LGG