Las políticas de seguridad puestas en marcha en los últimos años en México no han logrado combatir la inseguridad ni la violencia y se han visto favorecidos por la impunidad, aseguró Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
Durante la inauguración de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La vía civil, Jarab señaló que como muestra de ello son los aumentos en los índices en homicidios dolosos. De acuerdo con datos del Inegi entre 2006 y 2016 se tiene registro de 219 mil 855 homicidios dolosos, siendo 2011 el año más violento.
Refirió la necesidad de complementar las tareas de seguridad en un marco de los derechos humanos y un sistema de rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden, tanto militares como civiles.
Consideró necesario que los órdenes jerárquicos que detallen cómo combatir las altas tasas de impunidad, la inversión en la prevención del delito y la manera en que se brindará esta información.
Violaciones
La política de seguridad realizada en los últimos sexenios ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con Mario Patrón, en los últimos 10 años, se han presentado al menos 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones.
“Este modelo se seguridad genera un aumento sustanciosos en las violaciones graves a derechos humanos, pero también una sobreexposición al Ejército a estas dimensiones relacionadas con violaciones a los derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Aceptó que sí existe una coincidencia entre la militarización y la violación a las garantías con acciones como la tortura, desaparición forzada y detenciones extrajudiciales.
Patrón agregó que el modelo de seguridad que comenzó en la administración de Felipe Calderón y continuó con Enrique Peña Nieto resulta fallido; sin embargo, criticó se aumente elementos y presupuesto en ese tema y no en profesionalización de las fuerzas del orden estatal y municipal.
“No hay fortalecimiento de seguridad civil sino de un corte de seguridad militarizado. No hay una inversión a nivel estatal y municipal para profesionalizar las instituciones civiles apostando a la intervención de las fuerzas armadas“, agregó.
