A un año de su detención, una juez de amparo ordenó al agente del Ministerio Público capitalino investigar el arresto Marco Antonio “N” como desaparición forzada, y que en un plazo breve proceda determinar la carpeta de investigación sobre el caso.

La jueza del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal Federal dio a conocer la versión pública del juicio 102/2018 donde determinó amparar a la víctima en contra de la negación de las autoridades capitalinas de investigar el caso de Marco Antonio como desaparición forzada y sólo clasificarlo como “extraviado o ausente”.

Hasta el momento el Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación A-3, de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha determinado la carpeta de investigación por los hechos ocurridos el pasado 23 de enero, lo que puede ser considerado como una revictimización ante la omisión de judicializar la carpeta correspondiente.

En este sentido la juez María Dolores Núñez Solorio ordenó que la autoridad ministerial debe de aplicar métodos eficaces para investigar el caso de Marco Antonio desde la perspectiva de la desaparición forzada cometida por agentes del estado.

“Es de suma importancia que la autoridad ministerial aplique métodos eficaces y conducentes para investigar de manera adecuada y efectiva la búsqueda de la verdad sobre hechos probablemente constitutivos de los delitos que le fueron puestos de su conocimiento, en especial, el relativo a la desaparición forzada, así como, para el debido tratamiento a las víctimas de este delito”.

“Los cuales, deben consistir en un examen psicológico, pruebas de diagnóstico médico, dibujos anatómicos, entrevista con la víctima a fin de obtener toda información pertinente, en caso de ser necesario y sin revictimizarla de manera alguna, así como ordenar la práctica de cualquier probanza que considere necesaria e indispensable, en torno a dicho tópico; los cuales deben ser realizados por los especialistas correspondientes”, ordenó la juez.

Como se recordará, en un caso inédito en la Ciudad de México, el 23 de enero del 2018 el menor de edad desapareció luego de ser detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, quienes lo sometieron en las inmediaciones del Metrobus, Rosario, supuestamente atendiendo una denuncia de robo.

El joven apareció cinco días después con síntomas de estrés postraumático, así como trastornos de personalidad, y golpes en diversas partes del cuerpo, fue ingresado Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velazco, donde permaneció cuatro meses.

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