ANDRÉS A. SOLÍS
En México no hay presupuesto, instituciones ni organizaciones de la sociedad civil que alcancen a atender a miles de víctimas, de allí que haya una percepción poco alentadora para que quienes han sufrido delitos y/o violaciones a sus derechos humanos, puedan recibir atención ni mucho menos la reparación del daño y acceso real a la justicia.
A poco más de cinco meses de que se aprobaran reformas a la Ley General de Víctimas, sólo Tamaulipas y Veracruz han armonizado sus esfuerzos de atención a estas modificaciones y en los casos de la Ciudad de México, Baja California y Guanajuato ni siquiera han iniciado la armonización de su marco jurídico con la ley que se aprobó en 2012.
Actualmente sólo 18 entidades federativas han conformado instancias de atención a víctimas.
Apoyos selectivos
Para Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el reto no es sólo la responsabilidad del Gobierno Federal, sino que cada entidad asuma la parte que le corresponde para abatir la impunidad y que cada persona víctima de un delito reciba la atención que requiere.
“A mí me parece muy importante que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal (sic) asuman su compromiso con las víctimas, porque esa sería la única manera de evitar que parezca que no funcionan”.
Reconoció que cuando la CEAV va a alguna entidad federativa “selecciona” sólo a aquellas víctimas del ámbito federal y eso genera molestia entre quienes sufren por delitos del fuero común o violaciones de derechos humanos por parte de alguna autoridad estatal y/o municipal, “porque las víctimas del fuero común te dicen yo soy víctima de segunda o qué”.
Pero lo importante, dijo Rochín del Rincón, es que los gobiernos estatales trabajen en atención a víctimas, porque la Federación no puede hacerlo por sí sola. Al 15 de mayo, la CEAV había brindado atención a 9 mil 821 víctimas, de las cuales 3 mil 784 son directas y 5 mil 933 indirectas, por ser parejas, cónyuges, familiares, colegas o simplemente personas que estaban en el lugar y el momento equivocados.
Todos estos casos son apenas una mínima parte del universo de víctimas en el país y sólo se refiere a delitos del fuero federal: 5 mil 60 víctimas son varones, lo que representa 52 por ciento del total, mientras que 4 mil 655 son mujeres (48 por ciento) y dos más no se especifcan.
Crtiterios excluyentes
Magdalena López Paulino, defensora de Derechos Humanos y activista en la Red Década contra la Impunidad que encabeza el obispo Raúl Vera López, dijo que pese a los cambios a la Ley General de Víctimas, la CEAV no atiende a todas las personas que debe, porque sus criterios aún son excluyentes.
“Solamente entran aquellas que llevan un proceso jurídico y a las cuales el juez aprueba o dice si tienen el perfil de víctimas”.
Lo que se necesita, agregó, es un cambio estructural de políticas que logren abatir la impunidad, “sin importar partidos políticos”.
