Ante las denuncias de graves irregularidades, como subejercicios en los recursos, incremento anormal del padrón de beneficiados y la proliferación de empresas fantasmas, la diputada priista María Alemán Muñoz Castillo dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) está obligada a rendir cuentas claras de cómo opera el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
La legisladora dijo que organizaciones de la sociedad civil y la propia auditoría interna de la dependencia federal han denunciado estas irregularidades que necesariamente tienen que ser aclaradas.
Para ello, pidió actuar en tres instancias del quehacer gubernamental: “Que la STyPS rinda un informe del programa social con datos reales y verificables de lo que hace para corregir los errores; que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos ejercidos en “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para descartar desvío de recursos públicos y que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), valore las acciones desarrolladas y las previstas en lo que resta del año para el programa social.
“Requerimos información del número de servidores sancionados, los centros de trabajo verificados y el estado que guardan los seguros médicos contra enfermedades de maternidad y riesgo de trabajo; área con mayor opacidad, pues hasta el momento, se desconocen los becarios atendidos, sus padecimientos y el pago erogado por esos conceptos”, expuso la diputada María Alemán.
“Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a personas de entre 18 y 29 años con empresas, talleres o negocios, para tener un empleo y desarrollar un oficio. Pueden permanecer hasta por un año, reciben la cantidad de 3 mil 748 pesos mensuales y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
La legisladora hizo notar que, una de las entidades con el mayor número de aprendices es Tabasco, la entidad de origen del titular del Ejecutivo Federal y Veracruz, gobernada por el partido Morena, “lo que da elementos de un posible uso electoral y de promoción personal”.
Alemán Muñoz Castillo recordó que, durante el primer año del programa, la auditoría interna realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detectó anomalías serias, entre las que destacan: diversos centros de capacitación operaban sin cumplir los requisitos de ley o funcionaban de manera ilegal, es decir eran clandestinos y a pesar de ello, recibían el recurso público.
La fiscalización comunicó que, al menos el 55 por ciento de los apoyos incumplió las reglas de operación, debido a que no acreditaron el domicilio del centro de trabajo o el becario no correspondió al lugar del centro de capacitación; también que los beneficiarios fueron objeto de “moches, sobornos o extorsiones” por parte de los dueños de los centros de trabajo o bien, fueron expulsados de manera injustificada; la revisión constató también, que muchos casos, los aprendices no acreditaron el nivel académico mínimo.
Las denuncias documentadas por la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MMCI) coinciden, el programa opera con datos improbables, incompletos e inverificables; es decir, los centros de trabajo no existen, los becarios en activo no fueron identificados en actividades propias del programa o nunca se encontraron en las instalaciones
En otros casos, los beneficiarios han denunciado retraso en el pago de los apoyos, actos de discriminación y exclusión de los dueños y encargados de los centros de trabajo, la reubicación de áreas, instalaciones y hasta tutores de manera arbitraria, lo que genera incertidumbre e ineficacia en los aprendizajes o capacitaciones.
