Prohibir matrimonios forzados, propone la senadora Geovanna Bañuelos

Aproximadamente 300 mil niñas han sido vendidas para contraer matrimonio en la región de La Montaña, Guerrero. Su precio va desde los 40 mil hasta 200 mil pesos y se paga con ganado o bebidas alcohólicas, de acuerdo con información periodística.

Con el fin de erradicar esa la venta de niñas y mujeres con fines de matrimonio forzado, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso modificar el artículo segundo constitucional, para que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no vulneren los derechos humanos, la libertad y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas.

Al fundamentar la propuesta, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo destacó que en pleno Siglo XXI en localidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero aún persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión de las mujeres.

De acuerdo con Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, factores como el arraigo de las tradiciones ancestrales, la pobreza y la omisión por parte de las autoridades, posibilitan que en esta región del estado prevalezca la venta de niñas para matrimonios arreglados.

La senadora comentó que la justificación “usos y costumbres” de las comunidades, han terminado por normalizar estas prácticas que impiden el libre desarrollo de las niñas que son obligadas a unirse con hombres 20 o 30 años mayores que ellas; incluso, cuando ordenamientos jurídicos estatales y federales los prohíben.

“La realidad es que muchas niñas afrontan con valor un destino incierto y sumamente cruel. No podemos permitir tal bajeza. Costumbres que deben ser erradicadas, porque simplemente dañan la dignidad e integridad de niñas y mujeres totalmente vulnerables”, enfatizó Geovanna Bañuelos.

Explicó que su propuesta busca garantizar el respeto y promoción de la dignidad e integridad de las mujeres indígenas, atendiendo el llamado de diversos instrumentos internacionales para erradicar toda forma de violencia a la mujer.

Además, pretende prohibir “las prácticas y costumbres comunitarias” que vulneran los derechos humanos, las libertades y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas.

“No podemos permitir que prevalezcan costumbres que atentan directamente contra la dignidad de la persona y el bagaje nacional e internacional de derechos humanos”, sentenció.

Geovanna Bañuelos llamó al Estado a asumir su obligación, quitarse las vendas machistas que no le permiten velar por todas las personas independientemente de su género, condición social, orientación sexual u origen étnico.