Promueven en el Senado la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia vía extrajudicial

Con el objetivo de agilizar los acuerdos entre particulares para evitar juicios y buscar una justicia más pronta y cercana a la ciudadanía, senadores presentaron el Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Los presidentes de la Comisión de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda que presiden Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña, señalaron que este nuevo instrumento jurídico promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia.

Al respecto, Sánchez Cordero recordó que a partir de la reforma de 2017, se facultó al Congreso federal para expedir leyes que establezcan principios y bases en la materia de solución de controversias, y se concedió un plazo de 180 días para expedir la normativa, por lo que consideró que lograr esta Ley representará una oportunidad para dar respuesta a esta deuda que se tiene con la sociedad.

La también ministra en retiro mencionó que los trabajos para la elaboración de esta Ley General iniciaron desde el 22 de agosto de 2023, proceso en el que hubo tolerancia, diálogo, cooperación, comprensión, negociación para la construcción del proyecto que se diseñó junto con la Cámara de Diputados.

Explicó que esta Ley está integrada por 132 artículos, 14 transitorios y ocho capítulos: Naturaleza y objeto; de la competencia; de las personas facilitadoras; la certificación; de las partes; de la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Asimismo, del convenio, de los Centros Alternativos de solución de controversias en tribunales de justicia administrativa y, el octavo capítulo es el referente al régimen de responsabilidades y sanciones.

Enfatizó que este producto legislativo promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia, vía extrajudicial y a través de la instrumentación de soluciones efectivas, confiables y contundentes a sus problemáticas.

La norma, abundó, busca que las partes solucionen sus conflictos sin que se requiera acudir a instancias jurisdiccionales, lo que propicia y fomenta la cultura de la paz; al tiempo que busca reducir el número de expedientes judicializados a lo largo y ancho del país.

Sánchez Cordero indicó que la justicia es un principio que debe imperar en los estados democráticos y en el Estado de derecho, por eso desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados hemos impulsado leyes que garanticen esta impartición de justicia y que involucren de manera directa a las personas justiciables.

Aclaró que desde las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se han abocado a construir acuerdos con todas las fuerzas políticas y con la sociedad civil, porque si no hay “voluntad recíproca, la Ley no podrá llegar a buen puerto”.

Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que unos de los aspectos más relevantes del instrumento jurídico es el presupuestal, ya que con la resolución de conflictos se impartiría de una forma más barata y ágil, al prescindir de los trámites y procedimientos de la impartición de justicia tradicional.

Otro aspecto que subrayó fue que la propuesta de ley cuenta con las opiniones de expertos en mecanismos alternativos de justicia, además de que se recorrió todo el país para recoger esas voces, con el objeto de crear un buen producto legislativo, similar a como ocurrió con la formulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Damián Zepeda Vidales, del PAN, opinó que esta norma es una de las mejores piezas jurídicas que puede aprobar el Congreso de la Unión, pero más relevante, enfatizó, es que la Ley se divulgue y se implemente correctamente, ya que en la actualidad el tema de justicia es preocupante en el país.

AGM