Propone PAN que dependencias federales destinen 50 por ciento de sus contrataciones de compras a las Mipymes

La diputada del Partido Acción Nacional, Joanna Alejandra Felipe Torres propuso reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, destinen a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) el 50 por ciento de sus contrataciones de servicios y obra pública.

Con esta reforma se busca establecer políticas y acciones que promuevan la capacitación, asesoría y consultoría, para fomentar la participación de Mipymes en dichos procesos.

Plantea que la Secretaría de Economía promueva el desarrollo de dichas capacidades, lo cual no sólo beneficiaría a estas unidades económicas, sino que se fomentaría el crecimiento económico, la competitividad, más y mejores empleos, y disminuiría su informalidad.

La legisladora comentó que las Mipymes representan a la mayoría de las empresas en México, toda vez que generan el 62.5 por ciento de la fuerza laboral y aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Censo Económico 2018.

Indicó que a pesar de que son un motor importante para la economía y el empleo, enfrentan retos diversos como la baja productividad, el cierre de establecimientos, la falta de capacitación, acceso a créditos y financiamiento, apoyos gubernamentales, deficiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y pérdida de oportunidades para hacer negocios.

Destacó que sólo 0.30 por ciento de estas empresas participa en los procesos de compras públicas, de acuerdo con el sistema Compranet.

En este sentido, Joanna Alejandra Felipe, señaló que de acuerdo con la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), existen problemas subyacentes respecto a las compras de gobierno a las Mipymes, como lograr un piso parejo que les permita ser parte de la proveeduría del Estado, con reglas sencillas y transparentes.

Además, hay una enorme cantidad de requisitos y cierta discrecionalidad al momento de hacer una invitación y normalmente estas son realizadas a las empresas conocidas por los funcionarios. Por ello, cerca del 70 por ciento de los contratos han sido por adjudicación directa.

AGM