Reforma eléctrica terminará en la SCJN, advierten especialistas

Especialistas y funcionarios gubernamentales, nuevamente, confrontaron sus posturas durante el Foro 25 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica “las Decisiones del Poder Judicial en materia Energética”, organizado por la Cámara de Diputados.

Mientras los primeros advirtieron que esta reforma seguramente terminará en los tribunales, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad defendieron la iniciativa del Ejecutivo Federal.

Al respecto, Nancy Joselyn Jiménez Camacho, Jefa del Jurídico de CFE Intermediación de Contratos Legados, se pronunció por ponderar la electricidad como derecho humano.

Manifestó que la electricidad es un área estratégica que debe ser planeada de forma organizada y que se le considere como un bien jurídico tutelado por derechos humanos, explicó que los recursos que desahoga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta postura no fue compartida por Miguel Zárate, abogado litigante, destacó que la reforma del Ejecutivo Federal limita la inversión sobre todo en generación de electricidad, lo que llevaría a un oligopolio.

Recordó que la reforma no incluye establecer como derecho humano la seguridad energética.

Destacó que las resoluciones de la Corte en temas que ha desahogado serán el parámetro en caso de que este tema se apruebe y se lleve a tribunales.

El abogado Zárate afirmó que todas las empresas deben respetar los derechos humanos y aseguró que el Poder Judicial no se ha “rajado” en el desahogo de los recursos sobre el tema.

Al respecto, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, profesor de Derecho Económico en la UNAM, dijo que una constitución cambiante exige del Poder Judicial resoluciones acordes a los tiempos que se viven y congruentes, así como en contacto con las necesidades de las personas.

Refirió que el Poder Judicial termina dando voz al conjunto de normas constitucionales, pero no hay un permiso a los jueces de resolver de forma arbitraria y discrecional.

Confió que se llegue a los mejores acuerdos, pero en el caso de esta reforma y de las resoluciones de los tribunales debe que ver con el parámetro de regularidad constitucional y el cumplimiento de distintos tratados internacional.

Por su parte, Daniel Amézquita, litigante administrativo y constitucional, aseguró que se ha dado una nueva dimensión a derechos individuales, como el de libre competencia y acceso a los mercados, así como la protección al medio ambiente y la salud.

Sin embargo, dijo que a partir de 2019 se han emitido modificaciones a temas como los certificados de energías limpias.

Consideró un mal precedente que se promuevan reformas para que una norma que fue declarada inconstitucional sea legal.