POR VÍCTOR MAYÉN
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, presentó al pleno del Senado una iniciativa de ley para terminar con el nepotismo que priva en el Poder Judicial Federal.
La propuesta, que reforma los artículos 112 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación pretende inhibir cualquier acción o conducta particular que de manera excesiva y ventajosa otorgue beneficios personales indebidos a cualquier familiar de un funcionario, por el simple hecho de esa relación, para así garantizar que sean las y los profesionistas calificados que cumplan con los requisitos establecidos en la propia ley, quienes accedan a cargos públicos dentro de este poder.
En la exposición de motivos de la iniciativa y basado en una investigación titulada “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, Monreal establece que el 51 por ciento de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito.
El 68 por ciento son familiares por consanguinidad, es decir, padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos sobrinos. El 32 por ciento restante son familiares por afinidad: cónyuges, suegros, cuñados e hijastros.
Afirma que una de las prácticas indebidas que provoca un repudio generalizado entre la ciudadanía y genera estragos en las instituciones públicas y en el desarrollo de sus atribuciones.
El nepotismo entendido como el trato indebido en favor de familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de parentesco o relación, sin tener en cuenta sus méritos ni las disposiciones reglamentarias o legales establecidas para ello.
Monreal pondera que resulta urgente una reforma efectiva que establezca como causa de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial la realización o gestión indebida de nombramientos, promociones o ratificaciones, cuando exista un interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar en alguna ventaja o beneficio para ellos o para sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado o parientes civiles.
La reforma propone que quienes aspiren a ingresar a alguna categoría deban hacer pública su declaración de intereses, la cual deberá incluir, en su caso, los vínculos familiares y de afinidad con integrantes del Poder Judicial de la Federación.
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