Se adelanta PT y presenta iniciativa contra Reforma Educativa

Por Yvonee Reyes Campos

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados dio madruguete a la bancada de Morena y presentó en la sesión de este martes una iniciativa para revertir la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La propuesta, presentada en tribuna por el petista José Luis Montalvo Luna, y que fue turnada a la comisión respectiva, plantea la abrogación de diversas disposiciones de la Ley General de Educación relativas a la reforma educativa de 2012-2013. 

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También pide al Congreso de la Unión realizar un debate nacional y expedir una nueva reforma educativa.

Montalvo Luna señaló que, para elaborar la actual reforma educativa no se tomó en cuenta la opinión de los profesores y que datos de diversos estudios dan cuenta del fracaso de la reforma educativa.

“En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establecieron procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la educación, lo que demuestra que la reforma educativa tiene un carácter laboral”.

Dijo que el objetivo de su iniciativa consiste en que el Congreso de la Unión expida una legislación reglamentaria en materia educativa donde sea considerada la experiencia, conocimiento y aportaciones de docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados en el sector.

“Se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013”, informó el diputado del PT.

También que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.

El artículo segundo transitorio de la iniciativa presentada este martes se señala que, a más tardar en seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación.

Para dar cumplimiento a ese mandato, ambas cámaras del Congreso de la Unión, tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional, que servirá para expedir una reforma educativa “basada en un modelo humanista e integral, que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales”.

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