SFP sancionó con más de 900 MDP a más de 100 licitantes proveedores y contratistas del Gobierno Federal

Por un monto global de 900 millones 783 mil 881 pesos, en multas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 124 sanciones a 120 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal, entre el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, esto derivado de infracciones cometidas a las leyes en materia de contrataciones públicas y a la “Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas” (LFACP).

Las conductas más recurrentes para la imposición de sanciones fueron: proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e incumplimientos contractuales que causaron daños graves, de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

Asimismo, la SFP impuso 12 sanciones, a 11 empresas, en términos de la LFACP, vigente al momento de los hechos, por haber realizado acciones que tuvieran por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, así como haber realizado actos u omisiones para evadir los requisitos o reglas establecidos o simular su cumplimiento en las mismas.

Estas sanciones, impuestas mediante los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, incluyen 82 inhabilitaciones que van de los 3 meses a los 7 años.

Las inhabilitaciones están publicadas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en el hipervínculo: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx y su registro puede variar dependiendo de las determinaciones dictadas en los medios de impugnación interpuestos.

Finalmente la Función Pública señaló que en cumplimiento al Programa Sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la SFP cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM