Ejército reniega de la seguridad pública
José Abel Gil Guerra le escribió, a fines de 2017, al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, para pedirle auxilio en el esclarecimiento del secuestro y asesinato de su hermano, el empresario Delfino Paul Gil Guerra, ocurridos en marzo de 2014. Era 12 de diciembre. Recordó a la Guadalupana, pero también a la institución armada, otrora tan intocable como la Virgen de Guadalupe.
En más de una ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto invitó y exhortó a las familias de las víctimas a acudir a las zonas militares y solicitar la intervención de la tropa para solucionar los casos, si se negaban las policías locales.
La familia Gil Guerra acudió a la institución castrense, pero se quedó con un palmo de narices cuando el general de Brigada, Cruz Isaac Muñoz Navarro, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, rechazó retomar el asunto con estos argumentos textuales: “Atendiendo a que esta Secretaría tampoco tiene atribuciones en materia de Seguridad Pública, no es posible acceder a la solicitud señalada…. Toda vez que corresponde a la Procuraduría General de la República generar inteligencia en materia de delincuencia organizada y grupos criminales en el fuero común”.
Después de que más de la mitad de los estados de la República han registrado presencia masiva de tropas y transcurre el tercer sexenio desde que al Ejército se le involucró en temas de seguridad, un documento membretado de la Sedena dice que los soldados no participan en estas labores y que su personal “tampoco tiene atribuciones” y además “carece de facultades para ejercer funciones de supervisión, inspección y control de agentes del Ministerio Público”. Le sugiere al agraviado inconformarse ante las Visitadurías de las Procuradurías Generales de la República (sic) y de Justicia de la Ciudad de México, a las cuales les corresponde citada atribución (sic).
En unas cuantas líneas la Sedena desmiente el discurso presidencial y echa por tierra la polémica de cientos y miles de páginas escritas sobre la inutilidad y nulo respeto a la ley por la presencia y actuación de soldados y marinos en temas de combate a la delincuencia. Este escrito ya ni siquiera haría necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su veredicto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que (caso insólito en un país con escasa o nula división de poderes), aprobó y decretó el Presidente, pero prometió no aplicar hasta en tanto no haya una resolución final de la Corte.
José Abel y toda la familia Gil Guerra, impresores con talleres de litografía, narran el secuestro ocurrido la noche del 4 de marzo de 2014 en la colonia Carola, en Álvaro Obregón, Ciudad de México. Un grupo de sujetos bajó a Delfino Paul de su auto Mercedes-Benz y se lo llevó en otro. El Mercedes apareció horas después en una colonia vecina. Ahora lo saben: fue una banda importante que opera desde la cárcel y en las calles, con protección policial. Nadie quiere escucharlos.
Ante la inacción oficial, investigaron y recibieron presiones de los plagiarios que exigían cuatro millones de dólares de rescate. Un mes después los captores aceptaron casi 3 millones de pesos que ofreció la familia, pero no pudieron dar dos pruebas de vida sencillas, y ello evidenció que habían matado a Delfino. El cuerpo, molido a golpes, fue tirado en un tambo en Cuajimalpa el 14 de abril de 2014. No hay detenidos y el modus operandi continúa.
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