La trampa del Estado benefactor

 

El gobierno redistribuidor, es la trampa en la que hemos caído los contribuyentes


No me opongo a la solidaridad, ¡mucho menos si es subsidiaria, es decir, si se practica en la medida, y sólo en la medida, en la que la requiere la persona necesitada!, pero sí me opongo a la solidaridad obligatoria, impuesta por el gobierno, tal y como lo hacen, en mayor o menor medida, de una u otra manera, los gobiernos.

Se trata del Estado benefactor, y de su agente, el gobierno redistribuidor, que le quita a X, lo que es de X, para darle a Y, lo que no es de Y, algo distinto a que X comparta voluntariamente con Y. Lo segundo es solidaridad, lo primero expoliación legal, siendo que lo legal no le quita lo injusto a la expoliación.

El Estado benefactor, y su agente principal: el gobierno redistribuidor, es la trampa en la que hemos caído los contribuyentes, la gran mayoría de las veces, no sólo no dándonos cuenta de lo que pasa, sino justificando lo que sucede y, en muchas ocasiones, exigiendo más: más Estado benefactor, más gobierno redistribuidor, en cuya trampa hemos caído. Y digo trampa porque el gobierno redistribuidor nos obliga a hacer, por intermediación suya, lo que voluntariamente no estaríamos dispuestos a hacer, mucho menos de manera permanente.

Pongo un ejemplo, y comienzo con esta pregunta: ¿cuántas veces estaría usted, lector, dispuesto a darle de comer a una persona hambrienta, supongámosla además pobre, sin ninguna relación de parentesco o amistad con usted? Cierto, una de las siete obras de misericordia corporal (además de dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer al preso y enterrar al muerto) es dar de comer al hambriento, obra de misericordia que, reconocida la obligación ética que supone, plantea la siguiente pregunta: ¿cuántas veces?, pregunta que le hago a usted, lector: ¿cuántas veces estaría dispuesto a darle de comer a un hambriento, pobre o no, relacionado o no con usted? ¿Cuántas veces se lo pida? A ello lo obliga el gobierno redistribuidor. Continuará.