La verdad oficial
La semana pasada hubo un encuentro para definir el destino de Tomás Zerón. La amena plática se mantuvo dentro de los cánones de la formalidad por lo que cada una de ellas representaba.
Arely Gómez, procuradora General de la República, y Adriana Campos, visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representante del visitador General, César Alejandro Chávez. Después vendría una reunión secreta entre el visitador General y la procuradora. El problema fue que la funcionaria tomó la determinación de ceder a las exigencias de la CNDH sin realizar las consultas pertinentes.
Tampoco entendió que dejar caer a Tomás Zerón forma parte de la lucha ideológica de las izquierdas cobijadas por Andrés Manuel López Obrador, donde se incluyen el Centro Pro de Derechos Humanos y Tlachinollan, esa organización que dice defender derechos humanos a la vez que mantiene vínculos con las bandas de criminales que se mueven en La Montaña de Guerrero.
La historia comienza con el matrimonio de José Luis Abarca, un simple vendedor de oro florentino en Iguala, y María de los Ángeles Pineda, cuyos hermanos dirigían parte del cártel de los Beltrán Leyva y después pasaron a integrar Guerreros Unidos. A eso hay que agregar el apoyo manifiesto y permanente de Andrés Manuel López Obrador Y Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero.
A dos años de ocurridos los hechos, pareciera que la batalla la siguen ganando los integrantes del crimen organizado quienes durante muchos años han mantenido una “sana disposición” con Vidulfo Rosales, a quien instruyen para que se sume al desgaste del Gobierno Federal porque así conviene a los intereses del señor López Obrador, con cuya complacencia se hicieron del control de la zona norte del estado.
Por ello el Gabinete de Seguridad Federal se tuvo que involucrar en un tema que no era de su incumbencia, porque el crimen de los normalistas era un asunto local. Para decirlo de otra forma, quienes mandan desaparecer a los normalistas fueron los Abarca Pineda a través de Guerreros Unidos. Más de 160 detenidos y confesos así lo afirman y confirman.
El problema de Arely Gómez es que sigue sin entender que haber cedido la cabeza de Tomás Zerón puede significar el colapso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el comienzo de su propio derrumbe. En otro de sus momentos de agobio y extravío político, la procuradora encara también a Renato Sales, a quien increpa que pretenda sucederla en el cargo. ¿Habrá continuación? Seguramente, porque doña Arely no ha entendido que estuvo a punto de descabezar al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al tiempo.
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