Corregir políticas de movilidad
Entre 2011 y 2013 la mayor parte de los recursos para la movilidad urbana se destinó a ampliar la infraestructura vial
Infortunadamente las políticas públicas en nuestro país están basadas en la improvisación y la moda, donde las decisiones se toman de acuerdo con la perspectiva de lo urgente y no de lo importante; de los intereses personales o de grupo y no lo que más conviene a la comunidad. Pese a que existe un sistema nacional de planeación democrática y se elaboran innumerables esquemas como el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, regionales y especiales, aplicables en los diferentes órdenes de gobierno; éstos se convierten en hermosos documentos que sólo sirven para adornar las oficinas públicas, pero no para encontrar soluciones más adecuadas y consistentes a los problemas sociales.
Una muestra de ello son las políticas públicas en materia de transporte. A pesar de que discursivamente existe la intención gubernamental de favorecer esquemas que desincentiven el uso de transporte público, la realidad es otra. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, entre 2011 y 2013 en las 59 Zonas Metropolitanas de México la mayor parte de los recursos presupuestados para promover la movilidad urbana se destinó a mantener y ampliar la infraestructura vial (74 por ciento). Favoreciendo así el uso del automóvil particular (ampliación y mantenimiento de vialidades) en el que sólo se moviliza entre 20 y 30 por ciento de las personas.
Lo anterior contrasta con 11 por ciento de inversión en espacio público; 10 para transporte público; 4 por ciento en infraestructura peatonal y menos de un punto porcentual en infraestructura ciclista.
En los siguientes días se discutirá la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, bien harían los responsables de ello corregir dicha perspectiva errónea. Los costos de no hacerlo podrían ser significativamente altos.
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