Violencia electoral

Muchas cosas han ocurrido y seguirán ocurriendo con motivo de los procesos electorales que se avecinan. Las precampañas y campañas han sido pródigas en descalificaciones sin sustento, ataques recurrentes, ocurrencias personales y actuaciones sin pruebas, pero eso formará parte del anecdotario en cuanto los mexicanos sepamos quién ganó, en dónde, y cuáles serán las adecuaciones en el mapa político del país. Lo que no hemos visualizado es el daño que han venido provocando los miembros del crimen organizado y oficial.

Ayer escribía acerca de la barbarie en que nos hemos metido y sometido con motivo de las disputas políticas, pero ahora también tenemos que alertar a los mexicanos del riesgo que estamos corriendo con el incremento de la violencia política. Y esto no es otra cosa más que la participación activa del crimen organizado en los procesos de elección de gobernantes y miembros de la representación popular, ya que también tienen intereses y en algunas ocasiones se mezclan con quienes deciden participar en política con la única finalidad de defender intereses particulares.

El problema es que en medio de esas disputas estamos los ciudadanos, cuya aspiración primaria es que la clase política de todas las latitudes del país deje de tener visos de delincuencia organizada cuando de ejercer el acto de gobernar se trata. Pero para desgracia nuestra, el activismo criminal no es algo novedoso y se ha hecho presente al menos en las cuatro últimas ediciones de nuestro calendario democrático, y lo peor es que es previsible un sustancial incremento que pondrá a los ciudadanos contra la pared a la hora de expresar su voluntad soberana.

Por desgracia, las autoridades legalmente establecidas no cuentan con elementos para combatir ese flagelo de los grupos criminales a causa de la mendicidad de quienes todavía son diputados y senadores, y que nunca quisieron, por intereses políticos, votar la ley de seguridad que otorga facultades de vigilancia al Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, las dos únicas instituciones que hasta ahora se mantienen a salvo de los procesos de la corrupción y de la ineficiencia.

Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, levantó nuevamente la voz para señalar que desde el año pasado advirtió a sus homólogos el riesgo de que la violencia se trasladara al ámbito electoral, pero también dijo que nunca se imaginó el nivel que alcanzaría. Efectivamente, como lo afirmó, se quedó corto, porque la violencia ha ido creciendo y, por desgracia, se está inmiscuyendo en la elección, y también tiene intereses por apoyar a ciertos legisladores y ediles.

Para decirlo más claro, la criminalidad ha decidido participar en política porque necesita ampliar su influencia en las estructuras donde se toman las decisiones. Pero esto no es algo novedoso, porque antes de ello los propios políticos comenzaron a operar de forma similar a como lo hace el crimen organizado, y la principal muestra es el audio en el que el gobernador de Chiapas ministra fondos a un operador de Andrés Manuel López Obrador, y quien algún día trabajó como gobernador de Zacatecas. Eso también se llama ““crimen organizado”, y los únicos que perdemos somos los ciudadanos. Al tiempo.

LA COYUNTURA

Vladimir Galeana

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