Desafuero con olor a venganza

 

Lucero Guadalupe Sánchez López va a ser enjuiciada sin que existan pruebas concluyentes que determinen su presencia en El Altiplano


La Cámara de Diputados se erigió como Jurado de Procedencia y decidió retirarle el fuero constitucional a Lucero Guadalupe Sánchez López como diputada local de Sinaloa. El motivo, “dicen”, porque fue a ver a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera al Penal del Altiplano antes de que se fugara.

También “dicen” quienes ahí estuvieron, que cuando el abogado de la diputada acudió a la Cámara para entregar las pruebas de descargo, el Estado Mayor Presidencial resguardaba el recinto. ¿Temor? No lo creo, más bien muestra de autoridad. Lucero Guadalupe Sánchez López ya no tiene fuero, pero sigue siendo diputada. Ahora será imputada por el delito de Uso de Documento Falso por parte del Ministerio Público de la Federación, cuya sanción prevista en el Código Penal Federal es de cuatro a ocho años de prisión que deberá imponer el juez de la causa.

Para decirlo de otra forma, Lucero Guadalupe Sánchez López va a ser enjuiciada sin que existan pruebas concluyentes que determinen su presencia en El Altiplano. Los peritajes acerca de la identidad de la presunta visitante del señor Guzman Loera no han llegado a conclusiones definitivas. En los análisis que se hicieron de los videos, en uno se establece que existe un gran parecido entre la diputada y quien presuntamente visitó al narcotraficante, pero en el otro se afirma que pese a la posibilidad del parecido no se puede determinar que ella sea quien dicen que es.

Por lo pronto, ya la lincharon públicamente. Retirarle el fuero equivale a culparla sin presentar pruebas fehacientes acerca de su presencia en el Penal del Altiplano. Lo lamentable es que pese a la carencia de evidencias, 414 diputados dieron por sentado que fue ella quien pasó la noche con el señor Guzman Loera, es decir, concedieron la petición de la PGR sin tener certezas de su identidad y sin pensar en el posible daño que le provocarán a ella y su familia.

Pese a lo endeble de las pruebas el Ministerio Público procederá a acusarla, y lo previsible es que el juzgador tenga que exonerarla. Pero también hay que señalar que no es un delito grave en el Fuero Federal y que de cualquier forma saldrá en libertad bajo fianza. Las preguntas son: ¿Porque el linchamiento? ¿A quién conviene tanta alharaca? ¿Servirá acaso para que la gente olvide los descalabros del PRI en la pasada elección? Esta vez la justicia no parece ser ciega. Al tiempo.

FF