El humanismo ficticio (Segunda y última parte)

Dobleces |

Por Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Francisco Garduño fue nombrado comisionado en el Instituto Nacional de Migración (INM) el 16 de junio de 2019, 11 días después de que el Gobierno federal firmara un acuerdo migratorio con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a México.

Casi cuatro años después, Garduño Yáñez es el funcionario que debe brindar explicaciones sobre el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 personas fallecieron y otras 28 resultaron con heridas de gravedad. Además, está obligado a aclarar por qué los migrantes se quedaron encerrados en una celda mientras el fuego creció y el humo se expandió ante la displicencia de tres agentes del INM que se fueron del sitio.

El INM tuvo más acusaciones por atentar contra los derechos humanos que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría del Bienestar y la Guardia Nacional, de acuerdo con las cifras registradas por la CNDH.

Se trata de señalamientos de actuaciones negligentes o agresivas por parte de los funcionarios públicos del instituto en contra de los derechos humanos de personas que iban en camino rumbo a Estados Unidos. Las formas y los escenarios se desgranan. Hay quejas registradas por maltrato a ecuatorianos, afrodescendientes, salvadoreños, venezolanos o guatemaltecos. Pero a esto se suma la indiferencia de la CNDH.

Los sitios donde ocurrieron estas anomalías son en su mayor parte las estaciones migratorias, pero también las mismas rutas que los migrantes siguen a pie.

La última queja registrada está relacionada con el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en Chiapas de Corzo, Chiapas, en el que murieron 56 migrantes y 113 resultaron heridos. Provenían de Guatemala, República Dominada, Ecuador, Colombia y El Salvador.

Lo que es claro es la responsabilidad directa corresponde al Estado Mexicano y las condiciones preexistentes en las estaciones migratorias, estancias provisionales y zonas estériles que dependen del Instituto Nacional de Migración (INM) no son las óptimas. Mientras el joven venezolano es señalado y criminalizado, ninguna autoridad responsable ha sido imputada, cuando él estaba ejercitando su derecho a la protesta ante la carencia de insumos básicos como agua, papel de baño, alimentos de las que adolecen estos centros de detención migratoria. Que las condiciones inhumanas y de hacinamiento en las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), se encuentran documentadas desde hace más de 20 años por organizaciones de la sociedad, instituciones, medios públicos y academia, y que en este caso, las autoridades pretenden acallar las voces de las personas detenidas y deslegitimar el ejercicio de sus derechos y libertades, por lo que es común que las personas en movilidad humana sean criminalizadas.

Una estancia provisional según el reglamento debe tener una capacidad de la estancia: 60 personas y con una duración máxima de 7 días de estancia es evidente que en la praxis no sucedía. Nos gustaría recordar que en septiembre del 2022 se realizó un monitoreo a la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde varias organizaciones de la sociedad civil alertamos que no era un espacio digno y las autoridades hicieron caso omiso a nuestra petición de cerrarla.

Garduño Yáñez llevó al extremo el acuerdo con Trump y metió mano dura y una política violatoria a los derechos humanos de los migrantes, nada más alejado del modelo humanista impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.