Amplía PRD juicios de amparo contra reformas que transfieren Guardia Nacional al Ejército
En el amparo, las legisladoras del PRD dijeron que no se realizó, como ordena la ley, ningún tipo de consulta o intento por consensuar, o buscar nuestro consentimiento.
La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados interpuso un juicio de amparo indirecto contra la aprobación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre.
Este recurso se suma a más de medio centenar de amparos interpuestos por diversos colectivos, tras la aprobación del decreto que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de los cuales, la semana pasada, la jueza federal Karla María Macías Lovera, concedió a la organización civil “Uniendo Caminos México” la primera suspensión provisional que impide transferir al Ejército, el control operativo y presupuestal de la GN.
La vicecoordinadora de la bancada perredista, Elizabeth Pérez Valdez, y la legisladora Fabiola Rafael Dircio, en su calidad de indígena Mepha´a, del Pueblo Tlapaneco en el estado de Guerrero, a nombre de la bancada encabezada por su coordinador Luis Espinosa Cházaro, presentaron este juicio de amparo ante el juez de Distrito en turno en Materia Administrativa.
Ambas perredistas argumentaron que fue violentado el proceso legislativo en su totalidad, a la vez que se incumplió el artículo 2º constitucional que garantiza la consulta previa, libre e informada hacia las comunidades originarias, además de diversos ordenamientos internacionales asumidos por el gobierno mexicano.
Amplía PRD juicios de amparo contra reformas que transfieren Guardia Nacional al Ejército
“En mi carácter de Diputada Federal y en defensa de los intereses de toda la colectividad indígena y afromexicana nacional, por propio derecho y con interés legítimo, hacemos saber que hemos exigido -durante décadas- que no se vulneren nuestros derechos, que se nos reconozca como sujetos de derecho y, en este sentido, para que -en caso de decretar alguna ley que nos afecta directa o indirectamente en nuestras comunidades- se nos tome en cuenta y se nos consulte sobre si estamos de acuerdo o no, y qué podríamos proponer para incluir en ese proyecto legislativo”, dijo Fabiola Rafael Dircio.
La solicitud de amparo presentada en tiempo y forma por el grupo parlamentario del PRD, establece que se violan preceptos no solo de la Constitución General mexicana, sino del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.
“Nuestro país pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Hablamos de alrededor de 15 millones de indígenas más 2.5 millones de afromexicanos, que representamos cerca de la quinta parte del territorio nacional”, argumentaron.
En el amparo, las legisladoras del sol azteca dijeron que no se realizó, como ordena la ley, ningún tipo de consulta o intento por consensuar, o buscar nuestro consentimiento.
“El Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, a través del Presidente de la Nación, decidieron aprobar tajantemente el Decreto señalado, mismo que se reclama en su totalidad por su sola entrada en vigor, el cual no solo afectará a todas las comunidades indígenas y afromexicanas, sino a toda la población en general”, afirmaron las legisladoras.
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