Analizan en el Senado iniciativa para brindar asesoría legal a menores que pierdan a sus padres

En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que había más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que vivían sin sus padres por diversas circunstancias, señalan senadores del Partido del Trabajo (PT).

Consideran que es menester que el Estado les garantice la posibilidad de conocer con exactitud y certeza, cuáles son sus derechos al quedar en estado de indefensión.

Para atender esta situación, las legisladoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Martha Cecilia Márquez Alvarado presentaron una iniciativa que tiene como objetivo reformar el artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De esta manera buscan que las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal brinden apoyo legal a las y los menores que hayan perdido a su padre o madre, con asesoría, orientación y seguimiento a las personas que ejercerán la patria potestad, la tutela, guarda o custodia y con la finalidad de dar certeza jurídica a sus derechos.

“Las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad se enfrentan a una serie de desafíos únicos que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social. Brindarles asesoría especializada en materia jurídica es fundamental, pues resulta de suma importancia la familia para el desarrollo de ellos”.

Las legisladoras mencionaron que, por sus propias características, los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable, pero derivado de la orfandad se encuentran en doble vulnerabilidad y desprotección.

“La orfandad modifica por completo la vida de quienes la sufren, pues al romper los vínculos familiares, se afecta la esfera social de las niñas, niños y adolescentes, y en la mayoría de los casos aumenta la necesidad del cuidado de la salud mental y propicia la deserción escolar, ya que el estado de vulnerabilidad al que se enfrentan es mayor”, subrayaron.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria del pasado 6 de marzo, fue turnado a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

AGM