Con reforma a la LFT, Senado aprueba se reconozca a empleados del sector primario

Por unanimidad de 96 votos, los senadores aprobaron una iniciativa que reconoce a los empleados de los sectores agrícola, pecuario, pesquera, silvícola como empleados formales, por lo que se reformó el artículo 176 fracción II, numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa considera las labores peligrosas o insalubres de las actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, caza y pesca, que impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria y de vehículos pesados.

La minuta, que envió la Cámara de Diputados, busca prevenir daños a la salud que puedan ser consecuencia directa del trabajo, sobre todo en menores de edad que trabajan en actividades agrícolas, considerada como una de las labores que se encuentra prohibida en todas sus modalidades y sin distinción alguna para los menores de 18 años.

En el documento se señala que el trabajo agrícola de niñas, niños y adolescentes sucede, a pesar de que tanto la Constitución Política como la Ley Federal del Trabajo lo prohíben.

Señala que las causas de este fenómeno son múltiples, pero muchas de ellas se relacionan con la pobreza y la desigualdad social que hacen del trabajo infantil un elemento indispensable de miles de familias.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, recordó que la Ley vigente prohíbe que jóvenes de entre 15 y 17, y hasta antes de cumplir los 18 años, se puedan emplear en labores agrícolas.

Sin embargo, señaló que, en diferentes lugares de la República, existe un problema de descomposición social, porque los jóvenes, que ya tienen una responsabilidad familiar, “son presa fácil del crimen organizado para ser enganchados y poderlos emplear en la venta de drogas o en actividades ilícitas”.

Ricardo Monreal afirmó que productores y jornaleros están de acuerdo con la reforma, porque de esa manera van a cotizar en el Seguro Social, tendrán empleo y podrán capacitarse para enfrentar los retos propios de su región, en Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y muchos estados del país que no pueden emplear a jóvenes de 15, 16, 17 y hasta 18 años.

Los legisladores destacaron que el riesgo de trabajo, sobre todo en menores y adolescentes, puede producir lesiones o daños cuya magnitud es indispensable medir a fin de determinar y cuantificar la responsabilidad del empleador.

Por lo anterior, propusieron reformar el artículo 176 fracción II, numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo, para que determinar las actividades de mayor riesgo para quienes se dedican a cuestiones agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, caza, pesca y que impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria y de vehículos pesados, así como los que determine la autoridad competente.

En el dictamen, las y los senadores consideraron que el derecho al trabajo implica la posibilidad de que todos los empleados tengan derechos y garantías para su estabilidad y una adecuada remuneración, sin poner en riesgo su integridad y su salud.

La iniciativa destaca que 90 por ciento de niños y jóvenes que laboran en el país, lo hacen en actividades no permitidas por la ley, como el trabajo agrícola, que se “sitúa en vacíos jurídicos que los hacen aún más vulnerables”.

Además, se destaca que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la participación de menores en actividades agrícolas puede ser positiva, pues favorece la transferencia de conocimientos, usos y costumbres generacionales, lo que abona a la seguridad alimentaria por los cultivos familiares, la pesca y la ganadería.

Sin embargo, los senadores advirtieron que la legislación es inoperante porque propicia escenarios de simulación que vulneran los derechos de miles de adolescentes que participan en actividades agrícolas.

También la OIT estima que tres de cada 10 menores y adolescentes laboran hasta 14 horas a la semana, y 24.7 trabaja hasta 36 horas y 27.1 sobrepasa las 36 horas.

La importancia de esta propuesta, coincidieron los senadores, radica en incorporar medidas tendientes a señalar las actividades que tienen mayor riesgo en los centros de trabajo, y tomar en cuenta las normas en materia de seguridad, higiene y cuidado al medio ambiente.