División de poderes permite el equilibrio para la vida democrática: Ricardo Monreal Ávila

Aunque pueda haber diferencias y no estar de acuerdo entre sí en determinados temas, la división de poderes permite el equilibrio y da los contrapesos necesarios para la vida democrática del país, manifestó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

Subrayó que el Estado de derecho se basa en la idea de que cada uno de ellos cumpla con su función en forma independiente y sujeta a la Constitución y al marco legal; precisamente, esta separación permite el equilibrio y los contrapesos necesarios, además de proteger los derechos y libertades ciudadanos, reiteró.

En un texto publicado en su página Web, Monreal Ávila destacó que lo anterior adquiere relevancia a raíz de los hechos ocurridos en días pasados que, ante los ojos de muchas personas, evidenciaron una crisis o confrontación entre poderes, con el intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña y el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta.

El tono poco usual de la comunicación llevó incluso a la propia ministra a reconocer que la vía utilizada no fue la más adecuada; sin embargo, con la voluntad de ambas partes, la tensión que se hubiese generado se puede resolver mediante el diálogo y la tolerancia, acotó.

Otro hecho, recordó el senador por Zacatecas, se refiere a la declaratoria de invalidez por parte de la SCJN respecto al decreto presidencial sobre las obras emblemáticas del Gobierno federal.

Ante ello, el Ejecutivo federal publicó un nuevo decreto en el que éstas —por ejemplo, los tres aeropuertos (Chetumal, Tulum y Palenque) y los tres trenes (Interoceánico, Tehuantepec y Maya)— se consideran de interés público y de seguridad nacional.

Monreal Ávila explicó que ese nuevo decreto no implica un desacato por parte del jefe del Estado mexicano en relación con la declaratoria de invalidez de la Corte y mucho menos significa una confrontación entre poderes.

Por el contrario, no solamente se respetó la invalidación del primer decreto, sino que el segundo contiene más elementos que lo convierten en un acto realizado bajo el principio de legalidad que le concede la Constitución al Ejecutivo federal, continuó el legislador.

Son obras que reflejan la visión y las prioridades del presidente, en términos de políticas públicas, con las que busca impulsar una agenda de gobierno claramente establecida y, sobre todo, expuso, abordar problemáticas específicas, como la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura, entre otras.

Ricardo Monreal recordó que existen diferencias entre ley y legalidad, que son relevantes para comprender el funcionamiento del sistema jurídico y el Estado de derecho.

La ley se refiere al conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo y que establecen derechos, obligaciones y regulaciones para la ciudadanía y el Gobierno.

Por otro lado, señaló que legalidad se refiere a un principio fundamental del Estado de derecho, que señala que todos los poderes públicos están sujetos a la ley y deben actuar de conformidad con ella.

Bajo este principio, añadió, se exige que los actos de las personas servidoras públicas y de las instituciones del Estado se realicen dentro de los límites establecidos por la ley, y que se respeten los derechos y garantías individuales.

“Justamente, apegado a dicho principio ha actuado el presidente López Obrador, en medio de esta suerte de desarreglo institucional que, a final de cuentas, es resultado de puntos de vista distintos respecto de lo que cada poder considera como prioritario para la nación”, puntualizó.

AGM