Iniciativa de AMLO sobre pueblos originarios, resarcirá deuda histórica del Estado: Ana Lilia Rivera

Iniciativa de AMLO sobre pueblos originarios, resarcirá deuda histórica del Estado: Ana Lilia Rivera
Iniciativa de AMLO sobre pueblos originarios, resarcirá deuda histórica del Estado: Ana Lilia Rivera 

Ana Lilia Rivera aseguró que la propuesta que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar que firmaron el Gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996, permitirá desterrar para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios.


La senadora Ana Lilia Rivera, quien fue delegada en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, luego de un amplio proceso de análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos indígenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de todo el país.


Sin embargo, esos acuerdos se sintetizaron en la iniciativa de la Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y, en 2001, una versión modificada se convirtió en la Ley Indígena que “traicionaba los puntos esenciales de los Acuerdos de San Andrés: Los derechos a la autonomía y al territorio”.


Ana Lilia Rivera, actual presidenta de la Cámara de Senadores, señaló que en ese entonces sólo se reconocía a los pueblos originarios como entidades de interés público; “es decir, los mantenía en una situación de pasividad ante el paternalismo del Estado y a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos en turno, sin poder reivindicar sus derechos y defender legalmente sus territorios”.


Refirió que desde entonces numerosos pueblos originarios asumieron los Acuerdos de San Andrés como horizonte de lucha y principal documento político para exigir una nueva relación con el Estado.


Ante ello, la legisladora por Morena destacó que la reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, es una oportunidad para resarcir la deuda histórica del Estado mexicano con estas comunidades.


Ana Lilia Rivera aseguró que la propuesta que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar que firmaron el Gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996, permitirá desterrar para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios.

Iniciativa de AMLO sobre pueblos originarios, resarcirá deuda histórica del Estado: Ana Lilia Rivera


En un artículo que publicó recientemente, la legisladora explicó que, en 2019 una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó al Presidente de la República una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.


Dijo que este proyecto fue retomado y enriquecido a través de foros de consulta organizados por el INPI cuyo resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo federal como parte del paquete de reformas constitucionales.


Con estos antecedentes, la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara alta destacó que la iniciativa del Ejecutivo federal para modificar el artículo 2 de la Constitución, les reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, sus sistemas normativos internos, educación indígena, intercultural y plurilingüe, acceso a medios de comunicación propios, fomento de las lenguas y culturas indígenas.


También incluye la protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de su propiedad intelectual colectiva, el impulso de la medicina tradicional y la partería, la participación efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, el respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados.


Además del acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las comunidades, acceso a asesorías, intérpretes y traductores indígenas en todas las instituciones jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus economías, derecho a la consulta libre, previa y culturalmente adecuada.


También el reconocimiento de su capacidad jurídica para impugnar medidas legislativas o administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno. Además, afirmó la senadora, el proyecto reconoce el trabajo comunitario como parte de su organización sociocultural, lo cual es una innovación en la historia de la legislación indígena.

RGH