PRI plantea reformas para frenar violencia en planteles educativos

Es urgente frenar la violencia en las escuelas, la cual cada día gana más espacios, señaló la secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Teràn.

“Es lamentable que en México, la violencia se normalice y es más grave ver cómo se están vulnerando los espacios en donde nuestras niñas y niños deberían sentirse más seguros, aparte de su hogar, como son sus planteles educativos”.

Ante ello, dijo que es urgente involucrar más a las autoridades educativas y a los padres de familia o tutores para detener esta situación que resulta preocupante, porque alcanza ya niveles preocupantes.

Para ello, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, propone cambios a la ley General de Educación y la Ley General para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

“No debemos acostumbrarnos a que se repitan hechos trágicos como el de Coahuila, el pasado 9 de enero, donde un alumno de secundaria, de apenas 11 años de edad, asesinó a tiros a su maestra y se quitó la vida”, dijo y planteó que, de aprobarse los cambios a estos dos ordenamientos, se permitirá definir con claridad atribuciones y facultades de los actores comprometidos con brindar entornos escolares seguros que fomenten el sano desarrollo de todas y todos los niños de nuestro país.

La legisladora tamaulipeca señaló que la reforma permitirá impulsar acciones concretas, suficientes e inmediatas, para prevenir la violencia y la comisión de delitos al interior de las escuelas.

“Se trata de establecer y legitimar nuevas condiciones de seguridad para los estudiantes y la comunidad académica”, puntualizó Rodríguez Mier y Terán

Dijo que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, porque de él depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de nuestra nación y de hecho, de toda la civilización humana.

Por eso comento que a efecto de contribuir y prevenir la comisión de los delitos y la violencia, la iniciativa de ley, propone precisar con claridad las atribuciones de las autoridades educativas que permitan establecer mecanismos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pueden estar involucrados de cualquier manera en la comisión de algún delito o acto de violencia o maltrato escolar o ser víctima de ellos.

Señaló que, datos del sector salud revelan que los índices de trastornos mentales y depresión se han incrementado en nuestros niños, se sugiere crear dentro de las instituciones, áreas que ayuden a detectar las alteraciones y asistan en la protección de los involucrados.

Destacan también, las facultades de las autoridades educativas para establecer mecanismos efectivos de comunicación y participación con las madres y padres de familia de las criaturas involucradas y de manera complementaria, en el caso del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se precisan atribuciones a efecto de darles un mayor alcance a sus actividades.