Senado aprueba Ley General de Comunicación Social

Por unanimidad de 93 votos, el Pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley General de Comunicación Social, que para permitir a estados y municipios autorizar sus propios montos de gasto en publicidad, lo cual suprime el límite a gobiernos locales equivalente a 0.1% del presupuesto de egresos, establecido en diciembre pasado en el llamado Plan B de la Reforma Electoral.

Se reforma el párrafo último del Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, uno de los 352 artículos de la Reforma Electoral que envió el Presidente de la República y que fue impugnado por 168 municipios, toda vez que violaba su autonomía presupuestal para el gasto en la materia.

Panistas, emecistas y del Grupo Plural recordaron que la eliminación de un párrafo a la ley forma parte de la acción de inconstitucionalidad de la reforma electoral o Plan B interpuesta por legisladores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se los dijimos”, refirieron Damián Zepeda, Germán Martínez y Clemente Castañeda.

Al presentar el dictamen, Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, detalló que con esta reforma las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, podrán determinar de conformidad con sus propias circunstancias su límite del gasto del programa anual de comunicación social.

De esta manera, dijo la senadora por Morena, se aplica lo establecido en el Artículo 134 constitucional y a los propios principios establecidos en la propia Ley General de Comunicación Social, que son el de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, legalidad, oportunidad y territorialidad, fortaleciendo así el Pacto Federal.

Estos principios fueron insertados en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre pasado.

Lo anterior con el objeto de combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, permitiendo una administración recta y prudente del erario con el propósito de informar a la población sobre las diversas campañas que difunden los entes públicos en cumplimiento de sus responsabilidades hacía con la sociedad.

Fernández Balboa indicó que esta reforma es importante porque, así como la federación tiene un límite para su gasto anual de comunicación social, también lo tengan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Para ello, “deberán estar bajo los parámetros que hemos planteado en este dictamen que ha tomado en cuenta las características geográficas, sociales, económicas y culturales de cada región como elementos necesarios a considerar en las formas de comunicación para la población privilegiando la austeridad racionalidad y eficacia agradezco tu atención a todas y a todos”.

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que es relevante darle autonomía a cada entidad federativa, pues fortalece el Pacto Federal.

Con esta reforma “logramos adecuar la normativa, atender principios de interpretación y mantener el derecho de la ciudadanía a tener información verídica”.

El proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo último del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

AGM