Senado deroga artículo para que, tras un divorcio, la mujer pueda casarse después de 300 días

Con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, 71 senadoras y senadores aprobaron un dictamen para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal.

Dicho artículo establecía que, en el caso de divorcio, “la mujer no pueda contraer nuevo matrimonio, sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz a un hijo”.

Las y los legisladores enfatizaron que resulta inconstitucional, porque está en menoscabo de los derechos y libertades de las mujeres.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal avaló la minuta para derogar “la anacrónica y absurda” disposición que mantiene el Código Civil desde el siglo pasado, que estipula que las mujeres, en el caso de separarse o divorciarse, tendrán que esperar 300 días para volverse a casar.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, dijo que estas reformas demuestran que el Senado de la República está comprometido con los derechos humanos y procesales.

La Cámara de Senadores, agregó, “está comprometido con la justicia y la protección de la población y refrenda el compromiso con la garantía de hacer respetar los derechos de todas las personas”.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, señaló que aún se encuentran brechas dentro de las leyes que son “insospechadas e inaceptables”, como la prohibición a las mujeres a casarse nuevamente, antes de que pasen 300 días desde que se divorciaron.

Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, destacó que es necesario que las reformas rompan de tajo el pacto patriarcal que sigue vigente en algunos dispositivos de algunas de las leyes, así como para acabar con esos reductos de machismo jurídico y con esa masculinidad vergonzante.

Asimismo, el Senado aprobó aumentar hasta en una mitad las penas, cuando el delito de violencia familiar se cometa en contra de una mujer embarazada y personas adulta mayor o con discapacidad.

El dictamen aprobado por 75 legisladores y enviado al Ejecutivo federal reforma el Código Penal Federal, establece que no es admisible, en ninguna circunstancia que se violente a los sectores más vulnerables de la población.

Toda autoridad, cualquiera que sea su ámbito de competencia u orden de gobierno, tiene el deber de cuidar, proteger, asegurar y salvaguardar la integridad y desarrollo de las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con discapacidad, plantearon las y los senadores.

Consideran que es necesario que el sistema penal acusatorio atienda el efectivo acceso a la justicia de las personas de dichos sectores, para que cualquier conducta antijurídica sea sancionada con el mayor rigor de la ley.

Senado deroga artículo para que, tras un divorcio, la mujer pueda casarse después de 300 días

Por ello, es que establecieron que se aumenten hasta en una mitad las penas, en su mínimo y en su máximo, a quien cometa violencia familiar en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad.

En otro punto, la Asamblea aprobó, con 66 votos, un dictamen que busca aumentar las penas, hasta en una mitad, para quienes abusen de una persona menor de 15 años, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y por el uso de violencia.

La reforma al artículo 261 del Código Penal Federal, que fue enviada al Ejecutivo Federal, va encaminada a proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad, al mismo tiempo que busca atender el interés superior de la niñez.

Finalmente, el Pleno del Senado aprobó, con 71 votos a favor y tres abstenciones, reformar el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de propiciar y fomentar la no discriminación por motivos de sexo, género u orientación sexual.

El documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados, propone dotar de herramientas a las personas juzgadoras, para que apliquen correctamente la perspectiva de género en su quehacer jurisdiccional.

RGH