Cámara de Diputados contra acuerdo del ejecutivo en materia de seguridad pública

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de echar para atrás el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, hasta el 27 de marzo de 2024

Se argumenta en el documento interpuesto ante el Alto Tribunal, que en mayo de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas acordaron por unanimidad reformar la Constitución para establecer un nuevo régimen jurídico que permitiera al Estado mexicano resolver la crisis de seguridad pública.

“Esta reforma creó un nuevo cuerpo policial, la Guardia Nacional, como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional. Su misión es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”, se agrega.

Asimismo, destaca que la reforma establece un mandato para fortalecer las policías locales y faculta al Presidente de la República para disponer, excepcional y temporalmente, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública en el país, de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, hasta en tanto se consoliden las capacidades de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el pasado 11 de mayo de 2020 el Ejecutivo Federal emitió el acuerdo para que las fuerzas armadas se mantengan en las tareas de seguridad pública hasta el año 2024, contraviniendo la reforma constitucional avalada por el Congreso.
Ante ello, la diputada Laura Rojas, del Partido Acción Nacional, señala que en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 233 párrafo 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados para cumplir su deber de respetar y hacer respetar las decisiones legislativas de la Cámara de Diputados, interpone este recurso.

“La controversia expone las razones por las cuales estimo que el acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación.

“En particular, preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad Pública debe “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”.
Precisa que el propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad.